Una joven mbya denunció a través de sus abogados que fue despojada en forma irregular de su hijo de cuatro meses por parte del Juzgado de Familia de Eldorado, a partir del pedido de su expareja y padre biológico del niño y de su exsuegra, señaló una fuente del caso.
Lo insólito es que durante la audiencia donde supuestamente la mujer daba su consentimiento no contó con un traductor, teniendo en cuenta que no habla castellano, según consta en la denuncia.
La defensa solicitó a principios de este mes la nulidad de la guarda provisoria y la restitución inmediata del bebé a su madre.
La denunciante pertenece a la comunidad mbya guaraní Ysyry de Mado, en tanto el padre del menor y su abuela paterna residen en las cercanías.
La guarda provisoria del bebé fue entregada al progenitor y a su abuela por la Justicia y por pedido de éstos -con quienes la joven convivía- con el supuesto consentimiento de la joven, en una audiencia convocada en el Juzgado el 20 de noviembre de 2019.
Sin embargo, en dicha audiencia y según sus defensores “no se garantizaron derechos básicos a la mujer, como ser informada debidamente y a contar con un intérprete intercultural de su confianza, teniendo en cuenta que no habla en castellano y tiene un problema fonológico que le dificulta la comunicación”.
“Es decir que no comprendió lo que se trató en la audiencia en la cual se le quitó la guarda de su bebé”, siempre según la denuncia. Los abogados agregaron que el mencionado Juzgado, “para salvar la exigencia de la presencia de un intérprete por ser la joven madre miembro de un pueblo originario, permitió que su expareja ejerciera ese rol, aún cuando sus intereses en el acto eran abiertamente contrarios a los de ella”.
Durante la audiencia el padre y la abuela paterna “habrían manifestado su intención de excluir a la mujer de la casa familiar y quedarse con la guarda del niño, manifestando ambos que la madre se negaba a separarse de su hijo. A pesar de lo expresado, el juez dio por cierto que la madre prestó conformidad al otorgamiento de la guarda del niño”, precisaron los abogados.
Por último, los letrados pidieron la convocatoria a una nueva audiencia en la causa para la cual deberán cumplirse todos los pasos legales.
“Violencia y vejámenes”
A pesar de que se le quitó la guarda legal del niño, los abogados aseguraron que “la joven siguió viviendo en el domicilio del padre de su bebé y de su suegra durante dos meses, a lo largo de los cuales sufrió violencia y vejámenes hasta que debió huir de allí a mediados de febrero y regresar a la comunidad de Ysyry”.
En al menos dos denuncias también se dejó expresada la intención de la mujer de estar con su hijo y amamantarlo.
“A pesar de ello no pudo volver a tomar contacto con el pequeño tanto por dificultades como la distancia de su actual domicilio hasta la vivienda de su expareja, como ser la violencia que este ejerce y las medidas actuales de aislamiento social obligatorio”, expresaron sus defensores.
Para los abogados “la Justicia no tuvo en cuenta la pertenencia de la madre y el niño al pueblo mbya guaraní, una nación preexistente cuyos derechos están resguardados por la Constitución Nacional, los convenios internacionales incorporados a ella y las leyes vigentes que protegen los derechos de pueblos originarios en nuestro país. La medida se dictó sin amparar el derecho superior del niño, aún lactante, de permanecer con su madre”, indicaron.
