La masacre de San Miguel del Monte es considerada como uno de los actos de mayor brutalidad en la que hayan intervenido policías en la historia argentina.
Cuatro adolescentes de 13 y 14 años y un joven de 22 en un Fiat 147 perseguidos en plena madrugada por dos camionetas de la Policía de la provincia de Buenos Aires desde donde les dispararon hasta que el automóvil impactó contra un semirremolque parado en la colectora de la ruta 3, en la localidad bonaerense.
Cuatro jóvenes perdieron la vida, entre ellos el misionero Aníbal Suárez (22) quien pocos días antes había comprado el vehículo por veinte mil pesos ahorrados de sus labores como peón rural.
“Garrafita” Suárez lo llamaban en Concepción de la Sierra, en San Miguel del Monte a pocos días de sus llegada se lo conoció como “Pitufo”, un muchacho bajo, misionero vestido con bombacha de gaucho, boina o sombrero tradicional, chamamecero de sangre.
Blanca Suárez (42) lleva sesenta días en San Miguel del Monte, el aislamiento obligatorio le impide retornar a su hogar en Concepción de la Sierra. Viajó a la localidad bonaerense a enterarse del estado de la causa judicial y a constituirse como querellante junto a las cuatro familias restantes.
El expediente tiene 24 imputados, entre ellos los veinte policías de guardia durante la madrugada del ataque, un funcionario municipal y tres peritos de Policía Científica, quienes habrían colaborado en el encubrimiento del múltiple crimen y las lesiones graves de una sobreviviente de 14 años.
“Yo estoy conforme con el estado judicial del caso, avanzó y gracias a las marchas y los que investigaron hay sospechosos que irán a juicio. Yo espero que todos sean condenados como corresponde, que sea ejemplar, que haya justicia. A mí me quedará el dolor, no tiene plazo, ni límite, me arrancaron un pedazo de corazón, Aníbal era un chico bueno, con todos se llevaba bien, el cuidaba a los demás, todos lo querían. ¿Qué maldad podía tener o daño causar?”
Blanca dialogó ayer con PRIMERA EDICIÓN e insistió: “Yo soy una de las cinco familias que esperamos justicia, tenemos el mismo dolor desde hace un año todos los días”.
La madre de “Garrafita” contó que además de interiorizarse del estado del expediente, tenía una promesa por cumplir. “Aníbal era un enamorado de la naturaleza. Le encantaba que yo tuviera rosas en casa, principalmente blancas. Bueno, eso fue lo que hice, traje y planté una acá, al lado de su cruz y frente al lugar del choque donde murieron los chicos. Ellos son ángeles ahora, ya tenían un alma blanca y se la quitaron”.
El Ministerio Público bonaerense a fines de marzo cerró el sumario y solicitó la elevación a juicio que tiene como acusados a veinte policías que se desempeñaban la noche de la masacre en la comisaría. Además del secretario de Seguridad de la Municipalidad de San Miguel del Monte y tres peritos de la Policía Científica.
Las defensas de los 24 imputados presentaron recursos contra la acusación fiscal, pero los plazos están suspendidos debido a la pandemia de Covid-19, por lo que el requerimiento de juicio oral deberá esperar.
En junio de 2019 el juez de Garantías, Eduardo Luis Silva Pelossi, procesó a diez policías y al secretario de Seguridad municipal por la supuesta responsabilidad en los asesinatos de Gonzalo Domínguez de 14 años, Camila López y Danilo Sansone de 13 y Aníbal Suárez quien conducía el Fiat que chocó contra un semirremolque, luego de que los policías que los perseguían les dispararon cinco balazos.
Rocío Quagliarello, de 14 años, era la quinta ocupante del vehículo de Suárez y fue la única sobreviviente. Pasó 24 días internada y debido a la situación traumática que atraviesa, los psicólogos recomendaron que no declare.
Varada y sin respuestas
Blanca Suárez viajó el jueves 12 de marzo desde Concepción de la Sierra a San Miguel del Monte en la provincia de Buenos Aires para entrevistarse con la abogada querellante de las cinco familias víctimas de la masacre del domingo 20 de mayo de 2019.
A las pocas horas de arribar y tomar contacto del estado de la causa y la elevación a juicio de todos los policías acusados, se convirtió en uno de los misioneros varados por el aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus.
Sin recursos para poder retornar en automóvil y sin respuestas de la Casa de Misiones en Buenos Aires, con cuyos funcionarios se contactó por el plan de repatriación, la madre de “Garrafita” sostuvo: “Me quedé acá paralizada, sin saber a quién más recurrir y además un remís, porque de automóvil no dispongo y micros no hay autorizados, me cobra veinte mil pesos, ese dinero no tengo”.
“En Concepción voy una vez por semana a rezarle a mi hijo al cementerio, a llorar por él, porque el dolor no se terminará más y quería estar allá el miércoles para llevarle una flor, pero no lo podré hacer”.
