Luego de más de cinco semanas desde que se anunció, y tras largas negociaciones con todos los actores, el Gobierno Nacional finalmente avanzará mediante un decreto con la implementación de un barril criollo a un precio de US$45.
Un valor mucho mayor a los US$29,72 en los que fluctúa el precio de referencia internacional, luego de que no se lograra llegar a un acuerdo con todas las partes del sector privado.
Así se lo hizo saber este miércoles el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, por videoconferencia a las provincias petroleras y a las empresas del sector. De la reunión virtual participaron los gobernadores Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Gutiérrez (Neuquén), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Arabela Carreras (Río Negro) y Axel Kicillof (Buenos Aires), y los ejecutivos de YPF, Pan American Energy (PAE), Shell, Vista, Pluspetrol, Tecpetrol, Raízen y Trafigura, entre otras compañías.
El Ministerio de Desarrollo Productivo intentó que el sector privado se pusiera de acuerdo para establecer el valor del barril. Pero esto no sucedió, y las provincias, afectadas por la caída en los ingresos que reciben por regalías, dijeron que ya había pasado demasiado tiempo y que el Gobierno debía avanzar con el decreto. “Saquen decreto y luego negocien un acuerdo”, dijo Alicia Kirchner en la reunión.
El precio en US$45 significa en primer lugar un subsidio que los consumidores les transfieren a la industria, ya que pagan por los combustibles un precio mayor que el internacional.
Las empresas que están en desacuerdo con el valor del barril criollo son principalmente las refinerías “puras”: Raízen (opera las estaciones de servicio de Shell) y Trafigura (Puma Energy). Pero tampoco estaban de acuerdo las refinerías que también son productoras -las integradas-, como YPF y PAE, dueña de la marca Axion.
De hecho, en YPF indicaron que acompañan la medida con “un esfuerzo gigante”. El presidente de la petrolera, Guillermo Nielsen, había intentado impulsar otra propuesta en la cual cada empresa negociaba su precio, pero no convenció a los gobernadores.
Por el lado de las productoras, la empresa Vista, que fundó y preside Miguel Galuccio, fue la que mayor impulso le dio a que se establezca el barril criollo. Mientras que las multinacionales que operan en el país prefieren regirse por las reglas del mercado, antes que la regulación del Estado.
A nivel mundial, la crisis derivada de la pandemia de coronavirus impactó en el sector hidrocarburífero por partida doble, ya que se desplomó el consumo por el confinamiento obligatorio, y esto provocó la consecuente caída de los precios internacionales del petróleo y del gas. El Gobierno buscó atenuar uno de estos dos efectos, al establecer un barril criollo.
Pero el paliativo podría ser perjudicial si el consumo no se recupera. Las perspectivas no son buenas, sobre todo luego de que el mismo Gobierno prohibiera los vuelos comerciales hasta el 1º de septiembre, lo que significa que no habrá demanda de combustibles para aviones, por ejemplo.
El objetivo del Ministerio de Desarrollo Productivo es que, con un precio de US$45, la industria de extracción pueda mantener la actividad. ¿Pero a quiénes le venderán el petróleo las productoras, si las refinerías tienen los tanques de almacenamientos llenos? Y si deciden exportarlo, deberán venderlo al precio internacional, en torno a los US$30 por barril. Las pocas refinerías que exportaban dejarán de hacerlo, ya que el costo será mayor al precio de venta.
Mientras tanto, los efectos de la crisis ya comienzan a notarse en la cadena de pagos, luego de que las empresas de servicios más importantes en el país, como Halliburton, Schlumberger, San Antonio y Pecom, anunciaran el cese de pagos de salarios, la suspensión de empleados y programas de retiros voluntarios.
Fuente: La Nación
