Miles de trabajadores agrícolas viven en chabolas -una infravivienda hecha con materiales usados o de baja calidad- en la provincia andaluza de Huelva, en el sur de España. La falta de suministros básicos se agrava en momentos de emergencia sanitaria.
Al miedo del contagio, se suma el riesgo de que aumenten las agresiones racistas hacia la población migrante que habita los asentamientos y el temor a perder el empleo por señalar las vulneraciones laborales.
España registra por estas horas 56.197 casos confirmados y 4.145 fallecidos.
Falta de suministros en los asentamientos
“No tenemos acceso al agua ni electricidad, vivimos cinco o seis por chabola, estamos muy preocupados”, cuenta Lamine Camara, de la Colectiva de Trabajadores Africanos. Lamine vive ahora en una casa en Lepe (Huelva), pero pasa el día en el asentamiento.
Allí viven muchos de sus amigos y ayuda a las personas que no dominan la lengua, “hay chicos que acaban de llegar en patera”, cuenta “y muchos jóvenes que justo salen del centro al cumplir los dieciocho y que no tienen otro lugar donde ir”.
Con palés de madera, clavos, cartones, gomas de riego usadas y plásticos de los invernaderos, miles de personas han construido sus viviendas en los cincuenta asentamientos que se extienden por la provincia andaluza de Huelva, desde hace dos décadas.“La situación es indecente y ahora más que nunca, urgente”, expresa Camara.
La escasez de suministros en los asentamientos se agrava durante la expansión de una pandemia causada por un virus, cuyo contagio, de momento, solo se puede contener extremando las medidas de protección higiénicas.
Por esta razón, la Colectiva de Trabajadores Africanos (CTA) pide a las administraciones que hagan llegar las medidas necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria. “Estamos a la espera de una respuesta, no tenemos otra opción que esperar”.
La CTA pide que en los asentamientos se instalen depósitos para garantizar el abastecimiento del agua; que se coloquen cubas para la gestión de residuos; que la Unidad Militar de Emergencias (desplegada en todo el país tras el decreto de Estado de Alarma) distribuya alimentos y material de higiene como hace entre otras poblaciones; que la municipalidad habilite aseos y duchas, y que los hoteles ofrezcan sus plazas libres a la población más vulnerable que vive en las chabolas.
Las reivindicaciones han llegado al Ministerio de Sanidad por carta. El escrito, que redactó la abogada Pastora Filigrana, del despacho Abogadas Sociedad Cooperativa, se ampara en las disposiciones del Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo que decreta el Estado de Alarma, y que “otorga al Ministerio de Sanidad las competencias para garantizar la prestación de todos los servicios en orden a la protección de personas, bienes y lugares”, detalla la abogada.
“Es un peligro que los asentamientos se conviertan en centros de infección, con el consiguiente riesgo de actitudes racistas que puede provocar en la población”, se preocupa Alba Rudolph, trabajadora social de la Asociación ASNUCI (Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad).
El centro de día autogestionado de la asociación cubre las necesidades de la población de los asentamientos de Lepe. Duchas, lavabos, lavadoras, electricidad. Servicios indispensables siempre e imprescindibles hoy, en contexto de urgencia sanitaria.
Alba asegura que no se plantearon en ningún momento cerrar el centro, que las recomendaciones de “enciérrate en casa y ten el móvil a mano por si te encuentras mal”, no las puede cumplir todo el mundo, “nos encontraríamos a la gente muerta en la chabola”, exclama.
El 12 de marzo, la junta de ASNUCI puso en marcha un protocolo de prevención contra el coronavirus. Sus servicios básicos siguen activos, pero han suspendido las formaciones semanales de español, las actividades deportivas y el asesoramiento legal y administrativo, “que al final es la necesidad principal, la regulación”, explica.
En el local de la asociación se amontonan decenas de maletas. Son de personas que vienen a trabajar a Lepe y que “mientras se construyen una chabola o buscan una alternativa guardan aquí sus pertenencias”, explica la trabajadora social.
Tras el incendio del asentamiento del cementerio, el pasado octubre, “muchas personas que vienen de otras campañas agrícolas se han encontrado que su chabola ha desaparecido”, agrega, “a eso hay que añadir las que vienen por primera vez”.
“Desde que llegué a Lepe, hace 12 años, los asentamientos no han parado de crecer”, observa Lamine Diakite, de la Colectiva de Trabajadores Africanos “cada vez hay más gente. Cada año hay más hectáreas de cultivo y más mano de obra”. La Colectiva de Trabajadores Africanos nació en octubre de 2019 para mejorar la situación de la vivienda de los trabajadores del campo.
Muchos trabajadores viven en asentamientos, “pero otros no tienen ni chabolas y viven en la calle”, cuenta Diakite. Paradójicamente la propia colectiva canceló una manifestación que estaba prevista el 13 de marzo para reclamar el derecho a una vivienda digna. Anularon la marcha como medida de contención para evitar el contagio del coronavirus.
El mes de febrero, el relator de la extrema pobreza y los derechos humanos de la ONU, Philip Alston, visitó uno de los asentamientos de Lepe, el del hotel Portugal, el más grande del municipio.
El representante de las Naciones Unidas señaló que la situación era de las peores que ha visto en todo el mundo y denunció que sus habitantes “viven como animales“. Lamine Diakite asegura que la visita del relator les ha ayudado a visibilizar el problema, pero que no ha suscitado ningún cambio por parte de las administraciones.
“Si no nos mata la enfermedad, nos matará el hambre”
“No tenemos voz”, se lamenta el miembro de la Colectiva de Trabajadores Africanos (CTA), Lamine Camara. “Muchos de los residentes en los asentamientos no tienen familia cerca, ni ningún apoyo económico,“si no nos mata la enfermedad, nos matará el hambre”, sentencia Camara.
Muchas personas no pueden ir a trabajar debido a la limitación de ir dos por vehículo, o porque algunas empresas han parado. Además, el comedor social ha reducido su horario.
La CTA pide al gobierno un número provisional de identificación para que las personas que no tienen papeles puedan cotizar y acceder a un alquiler. También reclaman que personas sin papeles puedan acceder a los puestos de las temporeras marroquíes que esta temporada, por el cierre de fronteras, no van a trabajar en España.
Lamine tiene la residencia, lleva 15 años en el país. “Me siento muy dolido, esto no es normal. Es como si no estuviéramos aquí. Esto es el siglo XXI. Soy negro, pero tengo sentimientos”, se rompe, “hay muchos jóvenes aquí que pueden construir España, tenemos la fuerza y la voluntad, pero no nos miran”.
“Los trabajadores viven en una chabola porque no se les da otra alternativa. El problema es que como hay racismo, las personas africanas tienen muchas dificultades”, denuncia la trabajadora social de ASNUCI Alba Rudolph.
Afirmación en la que coincide el secretario general del sindicato CGT en Huelva, Diego Rodríguez: “El problema es de vivienda, no de contratación”,asegura el representante sindical. “No es que no haya casas, es que muchos propietarios no se las alquilan por ser extranjeros y negros”.
La mayoría de las personas que viven en los asentamientos trabajan en el campo, un sector estratégico ahora y siempre. Recuerda Lamine que “lo que llega a la mesa, pasa antes por nuestras manos”. Algo en lo que pensar, al menos, en la dilatada cola del supermercado.
Vulneraciones de derechos laborales en el campo
Moisés Keitase se levanta cada mañana sobre las 6 y se dirige al cementerio. Allí está el punto de agua más cercano al asentamiento donde vive, las chabolas delante de la estación de autobuses, que no fueron afectadas por el fuego de octubre. Los habitantes del lugar hacen fila para recargar los bidones de agua necesarios para cocinar y lavarse.
Él vive en Albacete, pero como en los años precedentes, al terminar la campaña de la aceituna en Jaén, se dirigió a Lepe para la de la naranja.
La empresa para la que trabaja Moisés Keita tiene terrenos en Lepe y en Lucena, de donde vuelve hoy, a una hora y media de carretera. “En la explotación debemos ponernos mascarillas y guardar un metro de distancia entre cada uno de nosotros” asegura Keita.
Sin embargo, la portavoz del Colectivo de Jornaleras de Huelva en Lucha, Ana Pinto, señala a este medio que desde que empezó la crisis de Covid-19, ha recibido cientos de mensajes de personas que trabajan en explotaciones donde no se cumple el protocolo de seguridad.
El secretario de la CGT coincide con la portavoz de Jornaleras de Huelva en Lucha. Explica que “los que pueden, están dejando el trabajo por el riesgo que corren”.
En este caso aparte de la salud laboral, está la salud de las familias. “Encima nosotros no podemos ir a ver los trabajos ni los almacenes” (por la situación de confinamiento), igual que no va la inspección del trabajo, asegura el representante.
“Como aquí vivimos de esto y no hay alternativa, la gente se ha ido conformando y hemos llegado a un momento en que la situación es horrible”. Ana empezó a trabajar en el campo a los 16 años y ahora tiene 33.
Dejó el trabajo de jornalera en 2018, cuando se implicó en la lucha por denunciar la vulneración de derechos de las temporeras que vienen de Marruecos para trabajar en la campaña de los frutos rojos.
Le adjudicaron ser la responsable de la cuadrilla y presenció los malos tratos. A partir de entonces, decidió reivindicar la mejora de las condiciones de los trabajadores agrícolas en Huelva, un sector que considera “abandonado” por las administraciones y los sindicatos mayoritarios.
“La gente está aglomerada, sin material de protección y en algunos invernaderos no hay ni agua”. Denuncia la portavoz. En cooperación con el despacho de Abogadas Sociedad Cooperativa, donde ejerce la abogada Pastora Filigrana, denuncian a las empresas donde no se cumple la ley de prevención de riesgos laborales.
“Hemos denunciado ocho empresas a la inspección de trabajo y a cinco ayuntamientos diferentes porque, tanto en fincas, como en almacenes, no se están cumpliendo las medidas de seguridad”, afirma la abogada laboral Pastora Filigrana. “Tienen competencia para cerrarlas tanto inspección del trabajo como el Ministerio de Sanidad, pero se van pasando la pelota el uno al otro”.
El actual riesgo sanitario se suma a unas condiciones laborales violentas de por sí. Entre las situaciones que denuncia la portavoz Ana Pinto, destacan que las empresas elaboran listas de productividad que luego cuelgan en los invernaderos. Los trabajadores menos productivos llegan a ser castigados tres días sin trabajo, asegura Pinto. Además, “muchas empresas no pagan por convenio”, señala la abogada Pastora Filigrana.
Ana trabajaba recogiendo arándanos, pero tiene asumido que a raíz de su movilización en el campo no la volverán a contratar. “Yo pensé en irme de aquí, a otra ciudad o a otro país”, pero ahora es quien da la cara por el colectivo de Jornaleras de Huelva en Lucha.
El secretario general de la CGT en Huelva, Diego Rodríguez, coincide con Ana Pinto. “Si a un trabajador del campo le cuelgan la etiqueta de problemático, difícilmente lo volverán a contratar”. En determinadas circunstancias, el miedo por la salud se ve superado por el miedo a las represalias.
