“Pedimos justicia y que se eleve la causa a debate pronto, que se aclare en juicio”. María Amarilla pide o insta sin vueltas desde el primer día de julio de 2018 cuando encontró a su hijo, Arnaldo Alejandro Amarilla (33) muerto dentro de su casa y con heridas de perdigones de plomo en su espalda que habrían partido de la escopeta de un policía en el barrio A3-2 de la zona Sur de Posadas.
El viernes con la misma calma y rodeada de su familia se paró en medio de la plaza 9 de Julio y lo repitió: “Según todos los testigos, el día que fue asesinado ¡Nano’ él se estaba durmiendo en el árbol frente a mi casa, lo vieron todos afuera de la vivienda. Sin embargo yo a mi hijo lo encontré muerto adentro, en la entrada del baño estaba tirado. Por eso pido que salga todo bien y que se aclare lo que pasó en debate”.
María apunta a que existen dudas en la causa a su entender. Una de ellas, el certificado de defunción consignó un horario de deceso posterior al horario en que fue encontrado sin signos vitales y que se realizaron los procedimientos de rigor.
“Mi hijo más chico me llamó a las 5 de la mañana y me dijo ‘mami vengan rápido porque Ale está tirado en el piso y está todo frío’. Cuando llegó la ambulancia se confirmó que ya no tenía signos vitales. Es más cuando fueron a realizar los peritajes y recoger el cuerpo, ya habían pasado más de dos horas. El ataque nunca fue a las 7, mi hijo ya estaba muerto dos horas antes. Esto me hace sospechar que buscan tapar algo”.
Pero también amplió, antes de emprender la marcha hasta el Juzgado de Instrucción 6 (calle Buenos Aires casi avenida Roque Pérez) a cargo de Ricardo Balor: “Los testigos vieron cuando le dispararon y después también que volvieron policías en dos motos a recoger evidencia del piso (presuntos perdigones o postas de plomo)”.
La causa tiene a un suboficial de 34 años acusado por el presunto caso de gatillo fácil, puntualmente está imputado por “homicidio calificado por ser miembro de una fuerza de seguridad”.
Esta calificación prevé una pena de prisión perpetua, es decir, de 35 años de cárcel. Según la acusación, las pruebas principales son el testimonio de testigos y del propio imputado, de 33 años, quien a la hora de la declaración indagatoria rompió el silencio y admitió que abrió fuego contra la víctima, aunque aseguró que no sabía que la escopeta Ithaka que maniobraba estaba cargada con balines de plomo y que lo hizo al notar que estaba en riesgo la vida del oficial a cargo del operativo. También reconoció que no recibió orden de dispara de su superior.
En tanto, el otro imputado es justamente el oficial a cargo del procedimiento, aunque se encuentra excarcelado en razón de que la imputación que pesa en su contra es mucho más leve.
Está acusado por “encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Domingo sangriento
Todo sucedió alrededor de la 1.30 del domingo 1 de julio, en la manzana 18 del complejo habitacional A3-2. Según el expediente, los policías debieron acudir al lugar al menos dos veces, tras el llamado de vecinos que alertaban sobre una multitudinaria gresca de barrio que tendría como principal protagonista a Amarilla, quien hacía apenas semanas había recuperado la libertad en una causa por homicidio.
Habría sido en la segunda recorrida de los policías por el barrio que el sargento, al decir de la declaración del oficial, sorpresivamente abrió fuego sobre la víctima, quien alcanzó a correr hacia el interior de su vivienda.
Ese mismo día, cerca de las 5, un familiar lo encontró sin vida frente a la puerta del baño.
A la hora de declarar, el suboficial aseguró que disparó porque vio que el sospechoso se acercaba con un objeto en la mano hacia su compañero de servicio.
