Desde Casa Rosada anunciaron que se revisarían las facilidades en el acceso a las pensiones no contributivas, lo cual implicaría en una primera instancia la derogación de las resoluciones 39/19 y 44/19 de la Agencia Nacional de Discapacidad que establecían la obligatoriedad del Certificado Médico Oficial Digital (CMO).
A pesar de lo informado desde el Gobierno nacional, los organismos públicos aún esperan una comunicación oficial donde conste cómo será el procedimiento de ahora en más para tener un cobro por discapacidad o renovarlo.
Este sistema digital de control médico fue puesto en funcionamiento en febrero del 2019 y desde el primer día generó polémica. Entre los reclamos, señalaron que sólo unos pocos centros de salud y personal médico estaban habilitados para iniciar el trámite.
En Misiones, se hicieron más de 300 expedientes en la Defensoría del Pueblo de Posadas de beneficiarios de toda la provincia que no lograron el certificado digital a tiempo, con lo cual peligraba la continuidad de su pensión. A nivel nacional, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) elevó un pedido a la Nación para que se deje sin efecto las resoluciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), adjuntando la cantidad de expedientes con inconvenientes en lo digital.
Por ahora, “oficialmente no tenemos ni una notificación de cómo va a procederse con el Certificado Médico Oficial Digital. Así que por el momento no se cambia la modalidad. Habría que ver a partir de una resolución cuando se implementa esta nueva forma anunciada por el Gobierno”, señaló en diálogo con Radio República la referente de la Agencia Nacional de Discapacidad en Misiones, Natalia Ruíz.
Más allá de la decisión del gobierno de Alberto Fernández de dar marcha atrás con esta medida, por considerar que generaba más “trabas” que soluciones, esta funcionaria aseguró que “el certificado médico digital lo que hacía era facilitar el trámite para el inicio de una atención. Anteriormente, la persona tenía que acercarse hasta el centro de atención local con todos los estudios médicos y luego mandarse los originales. Con todo eso, armábamos un expediente en papel para dirigirlo a la Agencia Nacional de Discapacidad”.
Con la versión electrónica, “en la consulta con el médico, éste ya creaba un expediente con sus datos. Lo único que faltaba luego era dirigirse al ANSeS para corroborar la parte migratoria y ya quedaba iniciado el expediente”, indicó. Tras ponerse en marcha el trámite electrónico, “en una primera etapa fue complicado porque no se sabía como hacerlo, además no todos los hospitales estaban listos. No obstante, con el tiempo las personas accedieron fácilmente a este certificado médico digital al implementarse en varios hospitales públicos. Pasamos a atender a través de una ventanilla única en el ANSeS y se orientó a las personas. Así que no se trató más de una traba. Siempre que la persona lograra validar su discapacidad y su residencia en el país, que son algunos de los requisitos más importantes, no hubo problemas en la habilitación del beneficio”, sostuvo.
De baja
Natalia Ruíz indicó que “hubo casos de gente que jamás se enteró que tenía que presentar sus papeles, así que también por eso hubo beneficios que se pusieron en suspensión y al año se dieron de baja”.
