El martes 27 de noviembre de 2018, en el Tribunal Federal de Posadas, el misionero Gabriel Orlando Fernández, quien ofició de remitente y envió dos narcoencomiendas desde Montecarlo hacia San Justo (provincia de Buenos Aires) el 17 de agosto de 2017, reconoció su autoría y firmó ante el juez federal Víctor Antonio Alonso una condena a cuatro años de prisión por el delito de “transporte de estupefacientes”.
Este martes el juez federal de Posadas, Manuel Alberto Jesús Moreira condenó al destinatario de las cajas con poco más de 18 kilogramos de marihuana prensada, Urbano Gularte (53), a la misma cantidad de años de detención pero con una tobillera electrónica y en su domicilio en González Catán, departamento La Matanza de Buenos Aires.
La coartada que Gularte intentó exponer ante el tribunal unipersonal federal, fue deshojada por la fiscal Vivian Andrea Barbosa, quien detalló los pasos de las encomiendas, la interdicción en Posadas de las valijas y la detención en San Justo del sospechoso cuando se presentó a retirarlas el martes 22 de agosto de 2017, cuatro días después de despachada las cajas y cuando aún investigadores de Gendarmería lo esperaban con una guardia encubierta con su identidad y rostro chequeado.
El misionero no se resistió, pero desde ese momento aseguró que lo que esperaban eran una cajas que llegarían desde Río Gallegos a pedido de un amigo que le enviaría pagarés y documentos para una internación médica de un supuesto familiar al que había conocido una semana antes.
Durante las cuatro horas de debate de ayer, lectura de elevación a juicio, el relato de cuatro testigos y los alegatos de Barbosa y la defensora oficial Susana Criado, la estrategia de Gularte de nada sirvió, fue condenado y su discapacidad contemplada con prisión domiciliaria, beneficio que gozó los dos años de proceso, pero ahora con el control del monitoreo electrónico de sus movimientos.
El camarista Moreira también ordenó la incineración de un smartphone, el que utilizaba Gularte y en el que fueron hallados los mensajes de Gabriel Fernández desde Montecarlo con las imágenes de las narcoencomiendas y los números de remito para retirarlas, las que además debía abonar el destinatario.
“No eran cajas con pagarés ni informes médicos para una intervención”, remarcó Barbosa en su alegato en el que solicitó cuatro años y seis meses de condena. “Su falta de arrepentimiento y la obstaculización de la justicia, además de contar con trabajo y optar por el delito”, sellaron su situación.
18, 174
kilos de marihuana fueron hallados en dos cajas idénticas, de doble carton con nueve panes panes cada una envueltos en plástico, y con la misma letra su datos de salida y destino.
Por uso delictivo
La condena leída ayer, a las 11.55, por el propio juez Moreira incluyó la orden de destruir un teléfono celular, marca Samsung, que utilizaba Urbano y con el que se comunicaba con el remitente de las narcoencomiendas.
