“Contésteme claro y concreto comisario, si fue un policía de Santa Ana el que mató a Víctor, queremos saber por qué, lo exigimos por nuestros hijos que no pueden defenderse y debemos cuidarlos”.
Los reproches a las autoridades policiales en Santa Ana volvieron a demostrar, durante la noche de este miércoles, que la conmoción y bronca no se aliviaron con los tres efectivos de la comisaría local detenidos y con el presunto autor de la ejecución de Víctor Fernando Márquez Dos Santos identificado entre ellos.
Medio millar de vecinos de esta localidad -a 49 kilómetros de Posadas- reiteró por tercera vez en una semana, que necesitan una explicación y que los culpables por el asesinato del adolescente de 16 años sean juzgados conforme a derecho y que sirva el ejercicio de reclamo para que “nunca más un pibe muera”.
La manifestación encabezada por las dos hermanas (Cintia y Eliana) de la víctima fatal dejó en claro que la confirmación de las detenciones de los policías y las pericias recolectadas por la Dirección Homicidios que llegaron este miércoles en dos cuerpos, 400 fojas, al despacho del juez Fernando Verón, no aliviaron la sensación de estupor pero que al menos constituyó un reconocimiento de trabajo investigativo.
“No nos vamos a conformar con los tres detenidos, queremos saber por qué mataron a mi cuñado, un chico bueno que no podía hacerle daño a nadie”, sostuvo a PRIMERA EDICIÓN Enrique Recalde antes de iniciar la marcha frente a la Municipalidad de Santa Ana que finalizó a seis cuadras en la comisaría local, donde prestaban servicio los sospechosos del homicidio de la madrugada del sábado 24 de agosto en una calle terrada lateral a la Escuela de Comercio 10 en el mismo pueblo.
“Es incomprensible y tomamos como una amenaza lo que ocurrió durante el velorio de Víctor, porque el oficial que ahora está preso y bajo sospecha de haberlo ejecutado, estuvo presente y ahora sabemos por qué, para investigarnos a nosotros, para saber si sabíamos algo. No se puede ser tan malo y cruel”, agregó Enrique.
La protesta contó con la participación de referentes de la “Marcha nacional contra el gatillo fácil”, organización ligada a la CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional) con representación en todo el país.
La manifestación que se inició a las 20.30 fue el cierre de una jornada que a primera hora necesitó de una amplio dispositivo de seguridad para trasladar a los dos oficiales subayudantes y a un cabo primero hasta el Juzgado de Instrucción 2, subrogado por el magistrado mencionado, para que se notificaran de la detención y se les designara un abogado defensor.
También se constituyó como representante de la querella, de la familia Márquez Dos Santos, el letrado respectivo.
A la par el juez Verón se interiorizó de los sumarios policiales presentados por los investigadores y hoy podría llamar a declaración indagatoria a los sospechosos respectivos.
Hasta el momento, el expediente se instruye como un caso de “homicidio agravado por ser cometido por un funcionario público en ejercicio”, artículo 80 (inciso Noveno) del Código Penal Argentino. Delito que prevé prisión perpetua como pena.
Durante la tarde de este miércoles, el jefe de la Policía de Misiones, José Mazur y el subsecretario de Seguridad y Justicia del Ministerio de Gobierno, Pedro Marinoni, visitaron a la familia de la víctima para detallarle los avances en la pesquisa y ofrecer la contención y seguridad que necesiten. La reunión duró cerca de una hora y se resaltó que fue en términos amables.
