Con casi dos meses de retraso a la fecha probable que le habían dado, la madre y los hijos de Paulina Portillo siguen sin cobrar la reparación económica para familiares de víctimas de femicidios conocida como la Ley Brisa.
Aunque la ANSeS había dado luz verde en febrero último al trámite gratuito y hasta le habían dado plazo probable de cobro, nada de ello ha pasado y la familia se encuentra atravesando un crítico momento económico.
“Hasta el día de la fecha no hemos cobrado y tampoco me llamó ningún funcionario a explicarme por qué. Ni de Provincia o de Nación. Terminó todo”, dijo con pesar a PRIMERA EDICIÓN la madre de Paulina y abuela de los cuatro hijos de la joven asesinada, Felicitas Portillo.
A principio de año se había hecho un anuncio, con bombos y platillos, que la ansiada ayuda económica llegaría para aliviar la crisis en el seno de la humilde familia; sin embargo, los meses pasan y los hijos de Paulina todavía no pueden acceder a la ayuda mensual, cuyo monto equivale a una jubilación mínima. A cada uno de los niños, le corresponde por separado, similar cifra.
Si bien Felicitas completó el papeleo personal requerido, el caso sigue sin sentencia. De hecho, este año ya debió recomenzar el juicio, pero se suspendió porque la defensa del acusado por el crimen, Maximino Barúa Britez, había solicitado prueba psiquiátrica (ver foto). La pericia determinó Esquizofrenia, algo que, por ahora lo incapacitaría para enfrentar el juicio. Se trata de una patología tratable, por lo tanto, cuando la medicación empiece a mostrar mejorías en Barúa Britez, sin dudas se sentará en el banquillo de los acusados, confió a este Diario una fuente judicial ligada al caso.
El problema para los niños, es que, más allá de que tenga que definirse la causa judicial, sus derechos están siendo vulnerados. Todos en la casa de Felicitas subsisten con una pensión de Madre de Siete Hijos: el esposo de la mujer, su hijo menor, una hija, ella y los cuatro nietos que tiene a cargo.
“Somos muchos y no nos alcanza. Mi marido está muy enfermo y ya no puede trabajar, antes aunque sea hacía alguna que otra changa, pero desde hace un tiempo no puede hacer nada”, lamentó la mujer quien se mostró agradecida con las personas que se preocupan por ellos.
Requieren ayuda
Entre las necesidades más urgentes para suplir en los niños, aparte de alimentos, aparecen ropas, ropas de abrigo y calzados. Para quienes deseen colaborar con ellos pueden tener en cuenta edades y números que calzan los niños: Yuliana (12) calza 36; Braian (10), calza 35; Luca (9), calza 33 y Marisa (5), usa zapatitos del número 28.
Los cuatro niños de Paulina, asesinada a cuchillazos y machetazos, se encuentran hace más dos años bajo la custodia de la abuela. Desde ese tiempo están a la espera de la sentencia de Maximino Barúa, padre de los chicos y único acusado del femicidio.
Siguen esperando
“Los hijos percibirían el beneficio de la Ley Brisa a partir del mes de junio de este año, habiéndose acompañado copia certificada del acta de procesamiento de Maximino Barúa, padre de los chicos y de quien en vida fuera la madre Paulina Portillo”, había explicado, en mayo último, la abogada allegada al caso a un medio digital de Eldorado.
El trámite representaba el inicio de la aplicación de la Ley Brisa.
Los hijos de Paulina iban a ser los primeros en la provincia de Misiones en percibir las pensiones a través de su abuela.
La norma aprobada en el Congreso fue reglamentada por el Ejecutivo en octubre del año pasado.
La norma
La Ley Brisa fue aprobada el 4 de julio de 2016 por la Cámara de Diputados de la Nación. Es una norma que habilita una reparación económica para los hijos e hijas de víctimas de femicidios.
11.528 es el piso de la jubilación mínima que contempla la reparación. Corresponde que ese monto lo puedan cobrar cada uno de los hijos de la joven asesinada.
