El comienzo de la audiencia fue con el alegato del abogado Pirota quien pidió al juez Javier Anzóategui que aplique una inhabilitación de diez años para ambos médicos para ejercer la profesión, la máxima estipulada en el Código Penal.
“No todos los endoscopistas perforan a un paciente y no todas las anestesistas no pueden reanimar a un paciente”, dijo en su alegato el abogado Pirota durante dos horas de exposición en los que se apoyó en audios de los testigos que declararon en el juicio.
“Débora no tenía ninguna patología previa y los antecedentes ninguna relación tenían de causalidad con el evento”, señaló el abogado en función que de la historia clínica de la periodista surgía que tenía epilepsia y arritmia.
Según Pirota, ninguno de los dos médicos supo “cómo proceder”, a la vez que dijo que no “supieron cómo resolver una crisis” y que lo ocurrido genera que hoy haya “terror en hacerse una endoscopía”.
“La perforación se produjo en el minuto uno y se desparramó por todo el cuerpo, Débora dejó de respirar y el corazón dejó de funcionar y los médicos no se dieron cuenta. Siguieron con el procedimiento y nunca se dieron cuenta”, estableció en la acusación.
Al pedir la pena de cuatro años y cinco meses para Bialolenkier, la querella remarcó que la lesión “la provocó él” más allá que “pretendió echarle la culpa a la anestesista Puente“, y que “el 85 por ciento del esófago estaba lesionado y la perforación en un solo lugar”.
Incluso, explicó que la lesión era de arriba hacia abajo, o sea, por cómo ingresó el endoscopio: “Y aquí sostiene que murió por muerte súbita”, en referencia a la defensa del endoscopista.
También dijo que Débora Pérez Volpin “dejó de respirar cuando el endoscopio lo tenía adentro” de su cuerpo y que Bialolenkier recién “se dio cuenta de la desaturación cuando a ella se le movió el brazo”.
En cuanto a la anestesista Puente, si bien dijo que “no es responsable de la perforación” su problema fue que “no controlaba a la paciente”.
“No se hacía nada y se tomaron todas decisiones desacertadas. Todas. Primero que nada no se la conectó al monitoreo cardíaco, pero además hasta que no llegó la cardióloga Agustina Ramos no le realizaron masaje cardíaco”, rememoró el abogado de acuerdo a los testimonios escuchados en el juicio que arrancó hace dos semanas.
En ese sentido, dijo que “Puente no supo resolver el problema que se le presentaba y su accionar agravó el cuadro”: es que la acusada misma dijo que le inyectó una máscara laríngea a la paciente tras no haberla podido entubar y con ello ventiló los pulmones.
Para la querella fue un “ingreso masivo de aire” y que “comprimió los pulmones”, tras lo cual se preguntó: “¿Quiso hacer lo correcto? Es difícil si era lo correcto ventilar. Había que drenar el aire, lo hacen con una birome Bic en la calle”.
“¿Y por qué Puente no pudo entubar al a paciente? Por incapacidad. ¿A dónde iba el aire? La anestesista no sabe”, disparó sobre la médica al tiempo que recordó que otro par suyo de la misma especialidad, Hugo Botto, la entubó minutos después pero ya era tarde.
El pedido para investigar por encubrimiento a los directivos del sanatorio está vinculado con el endoscopio que se secuestró el 9 de febrero de ese año, tres días más tarde de lo ocurrido y a raíz que el procesador del mismo tenía el número de serie limado lo que le da la pauta que fue cambiado el equipo tras haberlo utilizado en el estudio a Pérez Volpin.
También recordó que el registro del multiparamétrico que mide los signos vitales de la paciente no fue aportado de manera completa en el expediente, ya que un empleado del sanatorio dijo que sí lo había entregado en su totalidad a las autoridades.
Según ese testigo, hizo entrega del informe con los registros a las autoridades pero lo cierto es que en la causa figura de la causa 37 en adelante del informe de más de 60 hojas.
Por falso testimonio, el pedido de la querella es para Miriam Frias, la instrumentadora, única testigo en el quirófano que estuvo con los dos acusados, y a raíz que dijo “no recordar” mucho de lo acontecido allí.
“Frías dijo que no vio nada pero vio absolutamente todo”, acusó la querella.
Pedido de la Fiscalía
La fiscal de juicio María Luz Castagni pidió hoy la pena de cuatro años de prisión para el endoscopista Diego Bialolenkier y tres para la anestesista Nélida Puente, por la muerte de la periodista Débora Perez Volpin durante una endoscopía el 6 de febrero de 2018 en la clínica de la Trinidad.
Además, también pidió investigar por encubrimiento a las autoridades del sanatorio y por falso testimonio a la instrumentadora, la única testigo que estuvo en el quirófano junto con los acusados.
El pedido de condena para la anestesista y el endoscopista comprende además el pedido de inhabilitación para ejercer la profesión por diez años.
La fiscal Castagni dijo que hubo “impericia” por parte de la anestesista y que quien provocó la lesión fue el endoscopista en el esófago: “ambos se representaron el riesgo típico en la veda”, agregó.
Sobre el endoscopio dijo que bien el procesador “estaba limado” antes de la endoscopía o bien se la limó tras el desenlace fatal de la paciente, y por ello coincidió en pedir pena de encubrimiento a las autoridades del sanatorio.
¿Y las defensas?
La defensa de la anestesista Nélida Inés Puente pidió hoy la “libre absolución” de su clienta en el juicio que se le sigue junto al endoscopista Diego Bialolenkier por el “homicidio culposo” de la periodista y legisladora Débora Pérez Volpin.
El abogado defensor de Puente, Eduardo Gerome, consideró en su alegato que el accionar de la anestesista el 6 de febrero de 2018, cuando Pérez Volpin murió mientras era sometida a un estudio médico, “no es pasible de reproche penal”.
La defensa del endoscopista Diego Bialolenkier solicitó la absolución de su cliente por el “beneficio de la duda” en la causa por la muerte de la periodista Débora Pérez Volpin.
La defensa del principal imputado por el “homicidio culposo” de la periodista y legisladora solicitó además la nulidad del alegato de la querella, que representa a la familia de la víctima.
Fuente: Agencia de Noticias NA
