No importa qué candidato o frente político gane en agosto o en octubre. La que ya ganó fuerte entre los argentinos es la pobreza. Aun cuando, todavía, no llegó la fecha en que el INDEC oficializará la cifra, los relevamientos privados marcan una tendencia en crecimiento.
En ese sentido, un dato no menor de estos días, resultó la difusión del costo de la canasta familiar que sirve para determinar si una familia cayó bajo la línea de pobreza o indigencia. Hay medios internacionales que ponen a la Argentina junto con Venezuela y Guatemala como “la nueva cara de la desnutrición y la inseguridad alimentaria”.
Esta situación que afecta a millones de argentinos, marca la antesala de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se votarán en dos semanas. Un “termómetro” electoral que oficialismo y oposición esperan con ansiedad en el camino a las presidenciales de octubre. Sin embargo, hay opiniones divididas respecto a la incidencia que tiene la afectación socioeconómica al momento de poner el voto en las urnas.
Aún así, los candidatos y sus partidos miden todos los indicadores en las encuestas para direccionar sus discursos. Aunque, una vez en el poder, muchas veces se olviden de implementar las medidas necesarias para dar respuesta a las demandas sociales, como la pobreza, que marcaron los electores.
Pobreza crónica
El domingo pasado, en este mismo espacio, se publicó el informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA que estimó en 35% la cantidad de argentinos pobres. Esta semana, un informe elaborado por el Centro de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), estimó que el 10% de la población argentina se encuentra en situación de “pobreza crónica”, es decir, “aquellas que pertenecen a hogares con menos probabilidad de salir de la pobreza (medida por ingreso) incluso en períodos favorables para la economía del país”.
Los economistas Leonardo Gasparini, Leopoldo Tornarolli y Pablo Guzmán, estimaron que el nivel de la pobreza -medido en base a los ingresos de la población- se ubicó al cierre de 2018 en 32%. Bajo el título “El desafío de la pobreza en la Argentina: diagnóstico y perspectivas”, se afirmó que “casi la mitad de las personas en situación de pobreza crónica tiene menos de 15 años, el 70% tiene un nivel educativo bajo y, si bien la mayoría de los adultos tienen trabajo, éstos son precarios y sin aportes de seguridad social y cobertura de salud”.
A comienzos de semana, el diario español “El País”, describió de manera cruda y lapidaria la visión de la crisis social de la Argentina. Firmado por Jorge Galindo, columnista de Madrid, aseguró en su texto que “Venezuela, Argentina o Guatemala son las nuevas caras de la desnutrición y la inseguridad alimentaria en Latinoamérica”. Entre los tres países, Galindo dijo que “los indicadores argentinos son mucho menos alarmantes. Pero todo depende del punto de comparación: si en lugar de con el mayor desastre humanitario en la historia reciente de Latinoamérica lo comparamos con el potencial del país (como sus propios habitantes suelen hacer), resulta descorazonador que una de las naciones más ricas del Hemisferio Sur esté creando pobreza en lugar de destruirla”.
Cerró su descripción de la Argentina explicando: “La inflación carga de nuevo con buena parte de la culpa. El Gobierno de Mauricio Macri no logró embridar la crisis de deuda ni la subsiguiente escalada de precios en la que metió al país su antecesora, y ahora candidata a la vicepresidencia, Cristina Fernández. Alcanzó el 55,8% interanual en junio de 2019: los precios suben mes a mes en el país lo mismo que en Chile lo hacen año a año. Como resultado, las tasas de pobreza han dibujado una especie de U en la última década y media, descendiendo a un 16% de los hogares bajo el umbral en 2011 y remontando hasta casi el 26% el año pasado. La mordida de la desnutrición y la inseguridad alimentaria ha ido, sencillamente, en paralelo a un ciclo económico que nunca llegó a arreglarse. Al final, 2018 se cerró con 2.100.000 argentinos en situación de subalimentación mientras sus vecinos Chile o Uruguay reducían sus cifras”.
En la provincia de Buenos Aires, un bastión electoral codiciado por ambos extremos de la grieta, ya circulan informes nacionales que se podrían oficializar antes de las PASO. Estudios privados marcan que la pobreza alcanza al 35,3% de los argentinos. Del primero al tercer cordón del conurbano, el 64% de la población de 0 a 17 años estaría en la pobreza. Y que el 25% de los escolarizados en la secundaria no tendría garantizada la alimentación diaria. Esos mismos informes estimarían que la desocupación sería del 12,7%. En ciudades como La Plata (capital bonaerense) como en el tercer cordón del conurbano esa cifra ascendería al 15,8%. Siempre con el foco en provincia de Buenos Aires, se estima que unas cinco empresas entran en convocatoria o en quiebra por día. Y que en partidos como La Matanza (el más grande en población del país) cerraron por lo menos 5.500 PyME en los últimos tres años. Y que las ventas de las pequeñas y medianas empresas de Matanza cayeron un 80% en el último año.
Canasta des-alimentaria
La canasta básica alimentaria (CBA) y la canasta básica total (CBT) subieron 2,7% respectivamente en junio respecto a mayo de 2019. Con este incremento, una familia tipo requirió un ingreso no menor de $12.409,72 para caer bajo la línea de indigencia y de $31.148,41 para no ubicarse por debajo de la línea de pobreza, según el INDEC.
Vale recordar que el Salario Mínimo Vital y Móvil en nuestro país es de $12.500 para entender la incidencia sobre unos 500.000 trabajadores en blanco que, por este solo dato (con uno solo de los adultos en la familia trabajando), los pone en la pobreza y a algunos pesos de la indigencia. Si se compara la evolución del SMVyM en un año con el costo de la canasta de pobreza que se produjo en el mismo período (agosto 18/ agosto 19), el salario mínimo quedó casi un 18,1% debajo de la evolución de los precios de los alimentos básicos.
Midiendo las PASO
Los frentes en competencia electoral, van poniendo en la agenda de sus encuestadores estos datos de la realidad del país. De ambos lados (oficialismo y oposición) quieren saber si inciden al momento de elegir.
Para el 11 de agosto, en la oposición mejor posicionada en las encuestas (Frente de Todos) estiman que ganarán por cinco puntos en Buenos Aires y siete puntos a nivel país. El oficialista Juntos por el Cambio, logró reducir la ventaja que le lleva la fórmula Fernández- Fernández aunque, en ese mismo espacio, admiten que será difícil terminar con el mayor porcentaje de votos en las PASO.
Donde la relación va de mal en peor, es entre el sindicalismo y el Gobierno nacional. En una reciente reunión de sindicalistas con poder de decisión (dentro y fuera de la CGT), revelaron que Cambiemos les “cerró el grifo” de los aportes sindicales hace tres meses, cuando la mayoría se enroló con Alberto y Cristina Fernández. Y allí se escuchó una fuerte advertencia: “no vamos a pasar cinco o seis meses de la misma manera. Si no cumplen les vamos a parar el país”.
Presupuesto para la crisis social
El gobernador Hugo Passalacqua envió el proyecto de Presupuesto 2020 a la Legislatura. El proyecto contiene un incremento del 25% respecto al de este año.
“Hemos enviado a la Legislatura el Proyecto de Presupuesto Provincial 2020 para su tratamiento. Nuevamente este año, lo hicimos una semana antes de lo que prevén las normas. Convencidos de que se trata de una herramienta de gobernabilidad indispensable”, señaló el mandatario.
El estimativo total del Presupuesto para el año que viene alcanza a $102.973 millones. Passalacqua consideró que se trata de una propuesta “equilibrada y con una amplia mirada a la atención de las áreas sociales”.
La propuesta elevada a Diputados establece una distribución que contempla para Educación $29.207 millones (29%); Salud $16.705 millones (16,2%); Desarrollo Social $14.521 millones (14,1%); todo lo cual deriva en un total destinado a las áreas sociales de 58,09%, el más elevado del que se tenga registro.
En este sentido, el gobernador electo Oscar Herrera, quien será el encargado de ejecutarlo, sostuvo que el proyecto “tiene una fuerte impronta social en la misma línea de lo que se ha desarrollado en los últimos años”, aunque aclaró que “no se trata sólo de asistencialismo a los casos de necesidades sino que se priorizarán cuestiones productivas y el fortalecimiento del tejido social”.
Respecto de los aportes nacionales, el gobernador electo sostuvo que los cálculos se hicieron en relación a los montos de los últimos años, reconociendo que la Nación ha recortado numerosos aportes a tareferos, a salud, a obras, entre otros”.
