La intención del Gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente de crear una villa turística en el Parque Nacional de esta ciudad (PNI) no sólo ha generado rechazo de guardaparques, vecinos y asociaciones ambientales sino que también provocó una reacción de varios diputados provinciales en la Cámara de Representantes, los cuales se manifestaron “preocupados” y por eso solicitaron información para conocer los detalles del polémico proyecto.
En uno de los proyectos, impulsado por el diputado peronista Rafael Pereyra Pigerl, expresó la “preocupación por las consecuencias sociales, ambientales y económicas que podrían producirse en ocasión del desarrollo del proyecto: ‘Oportunidades naturales, inversión privada para el desarrollo de servicios turísticos en áreas protegidas’ que, en el área de Cataratas de Iguazú pretende desarrollar la Nación a través de inversiones privadas”.
En los fundamentos, el legislador indicó que “la Nación ha seleccionado varias áreas naturales protegidas para atraer inversionistas considerando, no sólo la belleza natural sino también por la cercanía a aeropuertos, rutas y ciudades con servicios y gastronomía. En este contexto, se pretende enclavar una villa turística dentro del parque con un telón de fondo majestuoso que los misioneros venimos protegiendo hace décadas, las Cataratas, la selva tropical y la flora y fauna protegida y en peligro de extinción”.
“Considero que este polémico proyecto que llega a territorio misionero no ha tenido en cuenta que nuestra Provincia es el reservorio más importante de Biodiversidad de nuestro país, pues por ello es una preocupación que el proyecto avance con la creación de villas turísticas dentro del Parque, ya que resultaría perjudicial para el mantenimiento de las condiciones ecológicas de un recurso natural tan preciado para todos los misioneros”, señaló.
El diputado agregó en el texto que “dentro de la lógica mercantilista del Gobierno nacional no es de sospechar que a través de ‘emprendimientos’ de este tipo se busquen dividendos económicos para unos pocos empresarios, a costa del deterioro de nuestras Cataratas. Sin contar el peligro que subyace en abrir las puertas a ‘inversores’ extranjeros al núcleo principal del Acuífero Guaraní vulnerando la soberanía nacional sobre nuestros recursos hídricos”.
Recordó que “los movimientos ambientalistas ya se expresaron diciendo que la iniciativa podría llegar a afectar directamente a la flora y fauna en peligro de extinción, o incluso a comunidades originarias que viven en la zona”.
“A esta iniciativa nacional dentro del Parque Nacional se suma el plan nacional para incorporar 250 mil hectáreas de maíz transgénico, resultando Misiones estos últimos tiempos objeto de proyectos considerados preocupantes en las consecuencias sociales, ambientales y económicas que pudieran devenir con su implementación y por ello son cuestionados por dirigentes políticos y la sociedad civil”, remarcó Pereyra Pigerl.
PAyS
En otra iniciativa similar, Isaac Lenguaza, Giuliana Perini y Martín Sereno, del Partido Agrario y Social (PAyS) presentaron un proyecto para que la Legislatura manifieste su “rechazo a la implementación inconsulta del proyecto” y se ordene “la cancelación definitiva de todo proceso de licitación y/o acuerdos, convenios, entre otros que se hayan formalizado entre organismos públicos y sectores empresariales”.
A la vez, solicitó a la Administración de Parques Nacionales, Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Turismo de la Nación que expida una resolución de cancelación definitiva del proyecto “Oportunidades Naturales” en el ámbito del Parque Nacional Iguazú, “ya que el mismo no cumple con: el plan de gestión vigente del Parque Nacional Iguazú (Res HD No 76/2018); las leyes nacionales 22.351 y 25.675; ni con el artículo 41 de la Constitución Nacional Argentina”, indicaron.
Lenguaza fundamentó en que “el objetivo del programa es la concesión de tierras dentro del ámbito de veinte Parques Nacionales, para emplazamientos de complejos turísticos, que serán explotados por grupos empresariales de capitales privados nacionales y extranjeros”.
Hay tres tipos de emprendimientos: una hostería en tierras que han sido donadas al PNI por la Fundación Vida Silvestre Argentina en el 2.017; “Glamping” Temático de la Selva en tierras dentro de la zona intangible del PNI; y otra hostería en zonas aledañas a tierras privadas denominadas 600 hectáreas.
“Surge a las claras el grado de improvisación con la que se pretende intervenir el área natural protegida del PNI para el desarrollo de negocios empresariales privados que de ninguna manera traerán beneficios para los pobladores locales”, advirtió el diputado del PAyS.
Enumeró algunos de los puntos principales destacados en esta iniciativa: “Datos geográficos erróneos; desconocimiento del impacto de la antropización sobre la flora y la fauna autóctona en el Parque Nacional emblema de la biodiversidad Argentina; desconocimiento sobre las zoonosis a las que se podría exponer a los turistas a través de los cambios antrópogenicos en la vida silvestre causando una mayor tasa de contacto entre seres humanos, animales silvestres (que actúan como reservorios naturales de variados agentes etiológicos) y vectores de los agentes infecciosos aumentando así la probabilidad de aparición de nuevas dolencias que constituyen factores de expansión de enfermedades tropicales y subtropicales; perjuicios económicos para miles de familias que dependen de que el turismo llegue a la ciudad, y desprecio por el desarrollo cultural y económico de las Comunidades Guaraníes originarias”.
Frente Renovador
Un tercer proyecto, de los renovadores Roque Gervasoni, Juan Marcelo Rodríguez y Silvana Giménez solicitó informes al Gobierno nacional sobre “cuáles son los límites o medidas de protección, preservación y conservación del patrimonio natural y cultural que se establecen para las iniciativas de inversión privada en áreas naturales protegidas. Cuáles son las actividades turísticas sustentables y las nuevas áreas de inversión que se proponen desarrollar en las áreas naturales protegidas, en particular, en los Parques Nacionales; y en qué estado o instancia se encuentra el procedimiento de ‘Evaluación de Impacto Ambiental’ para el desarrollo de las nuevas actividades turísticas que se proponen dentro de áreas naturales protegidas”.
A la vez, el texto indaga sobre “cuál es la posición política sobre el planteo contundente de la Asamblea Popular vecinal de Iguazú en cuanto a prohibir la inversión comercial hotelera dentro del PNI, autorizándose dicho emprendimiento privado sólo dentro de la ciudad”.
Entre los fundamentos, el trío de renovadores indicó que “el Gobierno promociona, textualmente, en su página web oficial “el objetivo de diversificar la oferta de servicios ecoturísticos en áreas naturales protegidas, de importancia y reconocimiento internacional; para captar nuevos mercados y extender la estadía promedio de los visitantes, de forma tal de aumentar el gasto turístico y dinamizar las economías regionales”.
“Esa promoción insiste con las Cataratas del Iguazú como umbral para hacer negocios, ofreciendo ‘un sistema de 483 áreas naturales protegidas’ que preserva bajo distintas jurisdicciones -nacional, provincial, municipal o privada-, 35,8 millones de hectáreas de ambientes naturales de gran riqueza geográfica y biológica”, agregó la iniciativa.
El proyecto advirtió que “resulta evidente la intención del Gobierno, -soslayando todo estudio de impacto ambiental, consulta popular local (plevisito), estudio y programación previa respetando la autonomía provincial y las jurisdicciones locales- empeñada directamente a captar inversores para la gestión de negocios rentables para unos pocos en detrimento de los recursos naturales de Misiones, sin importar en lo más mínimo las leyes provinciales de soberanía ambiental”.
Además remarcaron que no se respeta el artículo 124 de la Constitución Nacional, que señala que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.
