“En el país hay jueces excelentes pero también los que juegan para la tribuna y responden a la influencia de los medios de comunicación”. Jaquelina Ana Balangione es una santafesina a la que la tibieza o los grises no la identifican. Es la actual titular del Servicio Público Provincial de Defensa Penal de su provincia, la “jefa de los defensores oficiales”. Describirla o “googlearla” por sus antecedentes quita mucho espacio y es conveniente escucharla coincidir u observarla en el disenso. Si, vale agregar que es una “sufrida tatengue”, hincha de Unión de Santa Fe. Como titular de la cátedra “Derecho Procesal Penal” de la carrera de abogacía de la Universidad Católica de Santa Fe, encabeza una diplomatura en la sede Posadas de esta casa de estudios. Y accedió a dialogar con PRIMERA EDICIÓN sobre problemáticas sociales que ligan a la Justicia argentina.
La penalista de 53 años reconoce en el juicio por jurados una salida posible a la administración de justicia: “Estoy a favor del modelo de juicio por jurados porque es el eslabón final de la democratización de la Justicia que implica concursos transparentes para el ingreso, la idoneidad de los funcionarios, capacitación constante y que los sistemas procesales que se utilicen sean acordes al sistema republicano y democrático de vida”.
También entiende que el sistema procesal acusatorio es una de las medidas que se necesitan: “En Santa Fe tenemos un sistema adversarial implementado, acá en Misiones aún no, pero han hecho esfuerzos para un sistema mixto. El sistema adversarial implica que el fiscal y el defensor no sean meros observadores sino que asuman un rol de parte para que el juez sea el tercero imparcial e impartial que va a resolver las cuestiones”.
“La vuelta que falta conforme a la democracia, es el juicio por jurados. Santa Fe aún no lo tiene (Misiones tampoco) pero trabaja ya con un proyecto con media sanción que reúne lo mejor de todos los presentados en la Legislatura, que incluyó además la opinión de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, donde participan muchos jueces y abogados que investigan el tema, y actúa como aval de la posible ley”.
“El jurado popular, con el apoyo de un juez técnico va a decidir si el sospechoso es culpable o inocente con la mirada democrática, la del pueblo. Es un jurado limpio de criterio y sin influencias. Tiene la mirada del ciudadano de a pie que va a analizar el conflicto con la mirada de pares”.
La defensa que esgrime Balangione es amplia y no despeja el contexto político y social, el poder detrás de las decisiones: “Siempre va a influir en el derecho, especialmente en el derecho penal. Hay jueces que son excelentes y otros que juegan para la tribuna, votan para cumplir con las expectativas sociales. Estamos inmersos en una sociedad donde los medios de comunicación tienen influencia determinante y hay circunstancias donde los jueces dan una respuesta punitiva y pueden hasta avalar la justicia por mano propia en algunos casos”.
“No es cierto, no es así”
Sobre el proyecto del ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, de imputar delitos desde los 15 años, Balangione no delega protagonismo: “En el Congreso de la Nación hace años y años que debaten un montón de proyectos apuntando a que la solución al conflicto de la minoridad que incurre en conductas disvaliosas está en la respuesta punitiva de bajar la edad. A veces con una mirada maquillada como la de que si a los menores ya se los encierra en determinados establecimientos, si les bajamos la edad les garantizamos el proceso. Esto es falaz, porque aumentamos la punibilidad bajando a chicos cada vez más chicos”.
“Los que trabajamos relacionados a la conflictividad social, vemos que la mayoría de los menores atrapados por este sistema, entre los 16 y 18 años, pertenecen a los sectores más pobres de la sociedad, sin recursos económicos y por ende de recursos intelectuales”.
“Ampliar la aplicación de un código penal, pensado para adultos, hacia los chicos de 15 años, no va a solucionar nada porque parte de la idea -en realidad es un mito- de que muchísimos adolescentes delinquen. Esto no es cierto, no es así. En todo el país hay menos de cien chicos institucionalizados en el sistema de protección del tipo carcelario. En Santa Fe hay 6.500 adultos presos y 40 menores punibles, no punibles no más de cinco”.
“Las conductas ligadas al delito de los menores hay que tratarlas con políticas públicas. Trabajando en las causas que lleva a esos chicos y chicas -la mayoría son varones- a complejizar su realidad ingresando en sectores que son reservados al delito. Son chicos utilizados por adultos. Si la respuesta del Estado va a ser punitiva, estamos lejos de solucionar, lo que vamos a hacer es encerrar a los chicos y el problema seguirá libre, porque los delincuentes adultos van a recurrir a menores de 15, más soldaditos para el narcotráfico y no porque los niños quieran sino porque viven en la marginalidad absoluta sin ningún recurso económico que no sea delictivo para obtener los bienes que necesitan y desean”.
“Nos topamos así con el consumo de drogas, otro mito: ‘el que se droga delinque, la droga te lleva al delito’. La droga es otro bien de consumo para el que la desea y termina en el delito porque además necesita dinero para comer, vivir”.
El escape
“La punitividad es la huida hacia el derecho penal de todo los conflictos sociales. No podemos negar la existencia de la droga. Pero nadie se espanta del consumo de estupefacientes legales, ni siquiera dentro del sistema penitenciario. El consumo recreativo y problemático de las drogas ilegales en nuestro país está criminalizado, pese a que la Corte ya dijo en el fallo Arriola que el ámbito privado queda exento de delito. Pero para la ley penal, que lleva más de treinta años, es delito y queda a criterio de los jueces un problema de solución social, de política de salud pública”.
“A la sociedad se le vende un discurso popular. El Papa lo define como ‘populacherismo penal’. Mostramos candidatos de ‘mano dura o tolerancia cero’ o ‘vamos a acabar con las mafias de los trapitos’, y sólo se ofrece una respuesta punitiva para acabar con el delito y desde el caso Blumberg únicamente se demostró que, subiendo penas, la inseguridad fue cada vez mayor”.
“Hay que despenalizar”
“Hay que despenalizar el aborto, es una opinión jurídica estrictamente personal, pero entiendo que no se puede recurrir al derecho penal criminalizando conductas que se deben abordar desde otro lugar del Estado, por ejemplo, desde el ámbito de la salud pública para garantizar las mismas condiciones sanitarias a toda la población, especialmente a los sectores más vulnerables”.
“Los abortos ocrurren con diferente abordaje según las condiciones económicas, intelectuales y de acceso general a los derechos de las mujeres que atraviesan esas situaciones, siempre de sufrimiento. Se necesita educación sexual integral con planificación de embarazos”.
