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Entregan primera etapa de viviendas en Itaembé Guazú 2

12 abril, 2019
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Imagen ilustrativa. Foto Archivo

María Silvia Jouliá, gerente asistencial de Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA), en diálogo con Primera Plana que se emite por la 89.3 FM Santa María de las Misiones, habló acerca de los audios y capturas de whatsapp que circularon en los últimos días, donde un supuesto sereno invitaba a usurpar viviendas en la zona de Itaembé Guazú a las familias desalojadas de la zona Oeste.

Jouliá comentó que el IPRODHA tomó conocimiento del tema el martes por la tarde “más que nada de los audios que circulaban en grupos de whatsapp y después el audio de este sereno llegó el miércoles recién. Ni bien tomamos conocimiento de éste, ayer por la mañana se presentó una denuncia penal en el Juzgado Nº1 donde el  IPRODHA denuncia por la tentativa de usurpación y fomento a la violencia“.

Además y “como medida de seguridad, automáticamente se convoca a la policía, a la Comisaría de Itaembé Guazú, estuvo el GOE, Infantería, diferentes fuerzas de seguridad colaborando en mantener la seguridad de las viviendas para resguardar las propiedades de los futuros adjudicatarios”, agregó.

Al ser consultada acerca de cuántas viviendas están listas confirmó que “tenemos entre 500 y 800 viviendas, y la decisión fue la de empezar a entregarlas para  que entre los adjudicatarios y las fuerzas de seguridad nos ayuden también a resguardar esta propiedad y por eso se tomó la decisión de empezar a entregar. Mañana (por hoy viernes)  hay una primera entrega de 160 viviendas, más o menos son 85 tradicionales y unas 63 en el área de viviendas solidarias. Después se van a hacer entregas paulatinas, el miércoles hay otra tanda y así sucesivamente iremos programando hasta poder entregar todas las viviendas, algunas se van a poder entregar antes del 22 y otras seguramente semanas después”.

En cuanto a la seguridad en los barrios antes de ser entregados, Jouliá aclaró que “mientras las viviendas están en obras, la seguridad depende de la constructora, dado que ésta es la que pone los serenos que vigilan las obras. En este caso como estamos en una situación de alerta, el Instituto también interviene y refuerza y colabora con la empresa en el área de seguridad, pero el protocolo normal es que las empresas constructoras ponen sus serenos que resguardan y cuidan las viviendas como para que nadie las tome”.

Finalmente, Jouliá comentó que han tenido algunos casos en los que las viviendas fueron tomadas y por eso el martes, “ante esta primera alarma, aunque eran simplemente dichos por whatsapp el instituto automáticamente tomó cartas en el asunto y se puso a trabajar”, dado que el proceso para recuperar la vivienda tomada “es difícil, es un proceso que a veces se vuelve un poco burocrático, también interviene la Justicia, entonces ya no son nuestros tiempos son los de la Justicia, porque una vez que una casa presenta una situación de irregularidad pasa a la Dirección de Asuntos Jurídicos y ya sigue una causa judicial y ahí es donde los tiempos no nos acompañan y se empieza a complicar el trabajo de poder readjudicar o recuperar la vivienda”.

Tags: IPRODHAMaría Silvia JouliáVivienda
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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