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Víctima de ataque y rapto en el Acceso Oeste denunció hostigamiento

27 marzo, 2019
PLOTEADAS. Camionetas con mensajes intimidatorios circulan por la ciudad.

PLOTEADAS. Camionetas con mensajes intimidatorios circulan por la ciudad.

PLOTEADAS. Camionetas con mensajes intimidatorios circulan por la ciudad.

La joven de 18 años arrollada junto a su novio de 17 el domingo 23 de septiembre -a las 21.30- y tomada cautiva en la costanera oeste de esta capital, denunció ante el juez de Instrucción 1, Marcelo Cardozo, que es víctima de una serie de episodios de hostigamiento por parte de presuntos familiares y allegados del detenido a quien además, en la misma ampliación testimonial, aseguró reconocer como quien abusó sexualmente de ella durante la noche mencionada.

La víctima esta vez fue precisa y señaló que no tiene dudas sobre quién condujo la Toyota Hilux que los chocó sobre la vereda cerca del puente de la avenida Chacabuco sobre el arroyo Mártires, la subió luego por la fuerza a la camioneta y la llevó a una vivienda donde la mantuvo cautiva y manoseó, para liberarla a las pocas horas en Zapiola y calle 148 en proximidades al Club Educación en Itaembé Miní.

De acuerdo a fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN, la joven está angustiada y atemorizada por amenazas y mensajes intimidatorios que buscan su cambio de testimonial y señale como inocente al actual sospechoso de cometer los delitos de “doble homicidio simple en grado de tentativa y privación ilegítima de la libertad, rapto”.

Este hostigamiento, también fue denunciado el lunes en las oficinas del juez Cardozo, por el padre de la muchacha, aseguró y solicitó no sólo la contención psicológica, también instó a medidas de seguridad ampliadas ya que presuntos familiares y amigos del detenido no habrían respetado la prohibición de acercamiento y todo tipo de contacto con ella y le provocaron un cuadro de ansiedad que lo hizo temer hasta por un intento de atentar contra sí misma.

Tras estos eventos, en el juzgado de la avenida López Torres y Vicente Casares (a una cuadra de Mitre) se iniciaron actuaciones ante la posible comisión de un hecho de “desobediencia judicial”.

El mismo magistrado solicitó también llamar a ampliación indagatoria al adolescente de 17 años que sobrevivió al traumatismo de cráneo luego de diez días de terapia intensiva y tratamientos en el hospital Ramón Madariaga en septiembre pasado. Es un testigo clave, y su relato ya fue central para la detención y el dictado de la prisión preventiva del sospechoso, paso procesal que se encuentra nuevamente recurrido en la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores.

El detenido negó haber participado del hecho y según su coartada, el 23 de septiembre a las 21.30 estaba regresando de Encarnación en una camioneta similar a la que señalaron las víctimas y los testigos.

No sólo los que lo identificaron y labraron el identikit, también los registros tecnológicos lo implicaron, como el caso del navegador digital del vehículo doble tracción que fue modificado a las pocas horas de conocido en grave incidente.

La alteración del GPS correspondió al borrado de los datos digitales que aportarían los últimos movimientos de la camioneta, principalmente los que se presume recorrió, desde el acceso oeste y avenida Chacabuco hasta la zona sur, en inmediaciones al club de Educación de la avenida Zapiola.

Pero no sólo el navegador satelital habría sido alterado, también dos celulares cuyas memorias fueron quitadas y sus patrones de claves y contraseñas eliminados.

De todas maneras, el trabajo informático no finalizó y restan los informes de las empresas de celulares que podrían determinar los rebotes de antena y cruces de llamadas y mensajes.

El detenido en su declaración ante el juez de Instrucción 1, Marcelo Cardozo, negó conocer a la joven de 18 años, entonces estudiante de quinto año en un colegio del microcentro posadeño, que fue raptada tras ser chocada junto a su novio de 17 que sufrió graves lesiones: una fisura en el cráneo desde el oído medio hasta la mandíbula.

Tampoco el imputado podría desligarse de haber escondido la camioneta en la casa de avenida Zapiola y Quaranta, no muy distante del punto donde fue liberada la joven ya que el cuidador del inmueble lo indicó como el responsable de guardarla allí, pocas horas después de la agresión denunciada a la seccional Séptima.

Tags: #JudicialesCostanera OesteHostigamientorapto
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Silvia Zdanovicz fundó junto a su familia, Güira Oga “Mates Artesanales y Casa de Pájaros”, un emprendimiento basado en el reciclaje, lo artesanal y la representación del paisaje misionero con la hoja de la yerba mate como sello distintivo. La idea nació de una búsqueda interior, atravesada por una dolorosa enfermedad y hoy se consolida en los circuitos turísticos y ferias provinciales.
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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