La presentación judicial, radicada en la Fiscalía primera de Tucumán, también acusa a los médicos de “desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público” y se extiende, además, a la defensora de Menores en lo Civil, Penal y del Trabajo Adriana Romano Mazzone.
“La denuncia fue ingresada hoy (lunes) firmada por varios abogados y médicos que estamos denunciando el homicidio de la bebé que vivió 10 días“, dijo la abogada María Teresa Mockevich, quien forma parte del grupo de denunciantes.
“Extrajeron a una beba que era sana, podría haber llegado a término. Esa cesárea fue la causa de la muerte de la niña. No fue un aborto, fue un homicidio“, sostuvo.
La operación cesárea a la niña de 11 años fue practicada el 27 de febrero, y el viernes pasado murió la beba nacida luego de 23 semanas de gestación y 660 gramos de peso, lo que impulsó la denuncia del grupo abogados tucumanos.
“La denuncia va dirigida, por el momento, en contra de los médicos que intervinieron. Y de la investigación penal pueden surgir nuevas personas que pueden resultar imputadas. No tenemos más información porque el tema se manejo con hermetismo. No podemos avanzar y denunciar a más personas hasta que no conozcamos la existencia de alguna conducta”, dijo este lunes el abogado que lleva la denuncia, Salvador del Carril, a la radio LV12.
En tanto, los médicos se defendieron en declaraciones a la prensa y afirmaron que actuaron “dentro del marco de ley”.
“Actué dentro del marco de la ley, tengo la tranquilidad de haber hecho lo que correspondía hacer”, dijo Gigena a la señal TN, y pidió que se apruebe una legislación para la interrupción voluntaria del embarazo “para que dejen de morir mujeres por el simple hecho de ser pobres, porque las que tienen dinero pueden acceder a las condiciones de seguridad y secreto en una institución sanatorial“.
Larga polémica
“Tenemos un estado que declara a la provincia Pro Vida, le da entidad a grupos antiderechos a que se sientan dueños de la verdad y con derecho a cuestionar leyes vigentes“, aseguró el médico, en referencia a la interrupción del embarazo en los casos contemplados por el artículo 86 del Código Penal (1921).
En este caso que ahora produjo la denuncia del grupo de abogados, la nena, que fue violada y embarazada, comunicó en varias ocasiones su decisión de no seguir adelante con el embarazo, su familia presentó un pedido ante la justicia de esa provincia para la interrupción del mismo, cuando llevaba 19 semanas de gestación.
Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública de Tucumán dilató la decisión y obligó a Lucía (identificada con ese nombre para preservar su identidad) a someterse a una cesárea.
En tanto, organizaciones como Cladem Argentina, Andhes y otras emitieron una carta en “repudio a la persecución contra les profesionales que garantizaron la ILE en el caso de Lucía“.
La semana pasada el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) instó al Estado argentino a garantizar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y señaló que impedir la práctica puede constituir una “tortura”, luego de que se conoció este caso de la niña tucumana.
Fuente: Agencias y medios digitales
