El 16 de agosto pasado, la ciudad de las Cataratas se vio sorprendida con la movilización de agentes de Gendarmería Nacional. Realizaban allanamientos en hoteles y casinos. El motivo era una investigación federal por lavado de dinero que se estaría llevando adelante en favor de la organización terrorista islámica Hezbollah.
Casi seis meses después volvieron los operativos. Ayer, el Casino de Iguazú volvió a estar en la mira en busca de rastros del dinero en el que apuntan como los principales sospechosos al conocido “Clan Barakat”, que opera en la Triple Frontera.
El Juzgado Federal de Eldorado a cargo del magistrado Miguel Ángel Guerrero, ordenó nuevas actuaciones en las que se secuestró más cantidad de documentación contable, impositiva, societaria y “seis terabytes de evidencia digital forense de interés para la causa”, según publicó el medio paraguayo ABC Color.
En línea con la investigación internacional, desde Paraguay, el 16 de noviembre último había sido extraditado Mahmoud Ali Barakat, uno de los integrantes del clan. En ese mismo sentido, Brasil también había hecho lo propio al capturar a Assad Ahmad Barakat a mediados de 2018, sospechado de lavar dinero del narcotráfico para el grupo terrorista. El que aún permanece prófugo es Hassan Ali Barakat, sobrino de Assad Ahmad, quien entre el 1 de enero de 2015 y el 19 de octubre de 2017 ingresó 332 veces a la Argentina.
Según se estableció en la investigación, el modus operandi del lavado era ingresar dinero en efectivo a través de las frontera de Paraguay y Brasil, con cifras muchas veces superiores a los 10 mil dólares por persona, según establece la legislación. Inclusive utilizaban fichas para cobrarlas en ventanilla de los casinos del grupo en el lado argentino. Pero no solo juegos de azar, a su vez, el grupo maneja una red de empresas que tiene ramificaciones en Argentina, Brasil, Paraguay, Oriente Medio y Panamá.
Los operativos de agosto pasado habían surgido previamente del congelamiento de fondos de los Barakat en Misiones, directiva que había surgido de la Agencia Litoral de la Unidad de Información Financiera (UIF), creada en 2016 y con asiento en Posadas.
La principal hipótesis que manejan los investigadores es que el grupo consiguió “lavar” una suma cercana a los 10 millones de dólares (casi cuarenta millones de pesos al cambio actual) a través de negocios ilícitos como el narcotráfico y el contrabando.
Se cree que el grupo simulaba el movimiento de esos fondos como las apuestas y ganancias de los jugadores que provenían desde toda la Triple Frontera.
