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“En principio, tenemos el mismo grado de autonomía que antes del decreto”

1 febrero, 2019
Foto ilustrativa

En medio del revuelo generado luego de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 91/2019 que transfirió el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT) de la órbita de la Secretaría de Salud a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS), el director del INMeT, Daniel Salomón, aseguró en diálogo con PRIMERA EDICIÓN que ésta era una posibilidad que se barajaba desde los inicios del instituto, que estiman podrán seguir trabajando de la misma manera que lo hacían hasta el momento como también disponer del presupuesto asignado para este año.

“Cuando se crea el Instituto en 2011 esta era una de las alternativas que se discutió, si íbamos a estar desconcentrados en el Ministerio de Salud o desconcentrados perteneciendo al ANLIS – Malbrán”, señaló el investigador a PRIMERA EDICIÓN

En aquel entonces se decidió por la primera opción para una primera etapa y “se definió que en algún momento pertinente, sobre todo cuando esté más avanzado el tema del edificio, una de las alternativas era que nos integráramos como uno de los institutos del Malbrán”, aseguró.

Respecto a esto, remarcó que “en ningún momento fuimos descentralizados, tenemos en principio el mismo grado de autonomía que teníamos antes del Decreto porque pertenecemos a un ente descentralizado del exMinisterio de Salud”, dijo en referencia al ANLIS- Malbrán.

Sin embargo, el decreto generó más voces en contra que a favor y derivó hasta en un pedido de informes al Ejecutivo nacional.

Se argumenta que el INMeT perderá autonomía al pasar a depender de una administración con otros once institutos. “En lo conceptual es correcto que exista una sola política de institutos de Nación, como existe en muchos países, una administración de laboratorios central con doce directores”, indicó Salomón.

“Siempre tuvimos una relación muy fluida, de trabajo mutuo”, aseguró y afirmó que “de repente no hay en ningún momento pérdida de autonomía, es sencillamente un reposicionamiento dentro del exMinisterio de Salud. Para nosotros, integrar parte del ANLIS – Malbrán conceptualmente es correcto”.

Sobre el presupuesto

Salomón indicó que, a raíz de lo publicado en el Decreto, desde el INMeT estiman que contarán con el presupuesto asignado para 2019 (poco más de 34 millones de pesos) debido a que “los subprogramas de presupuesto tienen nombres institucionales y el Decreto lo dice expresamente como que todos los funcionarios pasan con los regímenes que corresponden”. De todas maneras, expresó que “en lo operativo veremos cómo funciona pero no veo motivos específicos de alarma por esto”.

Indicó que, por estas horas, están discutiendo una elevación del presupuesto y afirmó que, ser parte del ANLIS-Malbrán, les permitiría “tener mayor previsión de ejecución presupuestaria que es algo que se nos dificultó en determinados momentos”.

Sobre la autonomía para definir sus investigaciones, Salomón indicó que el INMeT, al ser un instituto ministerial, tiene una misión que es la de generar evidencias que permitan determinar políticas de salud pública por lo que “un investigador no puede definir qué investigar con fondos del Estado. Se pueden discutir prioridades, que antes lo hacíamos dentro del Ministerio y ahora lo haremos con los investigadores del ANLIS – Malbrán”.

Más allá de la tranquilidad que intenta trasmitir Salomón sobre la situación, cierto es que entre los investigadores sobrevuela el temor por la estabilidad de sus fuentes laborales o el financiamiento de sus investigaciones.

PRIMERA EDICIÓN pudo saber que muchos de ellos se mudaron a vivir a Iguazú para investigar y toda esta situación generó incertidumbre acerca de lo que pueda ocurrir en el Instituto.

El edificio, sede propia del Instituto Nacional de Medicina Tropical, se encuentra terminado en un 70%.

Infraestructura

Sobre las obras para la sede propia del Instituto, Salomón indicó que hay varias partes de la construcción y una de ellas, la que se puede funcionalizar “está terminada”. Es más, indicó que en los próximos meses se mudarán a las nuevas instalaciones.

En la actualidad trabajan en el INMeT aproximadamente 40 investigadores que estudian diversas líneas de investigación entre las que se encuentran algunas relacionadas a enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, zika, chikungunya, sobre venenos, fauna silvestre, virus y parásitos, entre otros.

Tags: INMETInstituto Nacional de Medicina Tropical
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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