El 1 de febrero de 2002 la Corte Suprema decretó la inconstitucionalidad del corralito financiero impuesto el 1 de diciembre de 2001 por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo de la Alianza durante la presidencia de Fernando de la Rúa.
Los ahorristas realizaron continuos cacerolazos frente a los bancos exigiendo que les devuelvan sus depósitos en dólares. El corralito fue el principio del fin del gobierno de la Alianza (1999-2001).
El 6 de enero de 2002, el presidente Eduardo Duhalde promulgó la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario que derogó la Ley de Convertibilidad y pesificó los créditos otorgados por el sistema financiero hasta el valor de 100 mil dólares.
El corralito terminó formalmente su existencia el 2 de diciembre de 2002, cuando el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, anunció la liberación de los depósitos retenidos por unos 21.000 millones de pesos.
Con seis votos a favor y tres abstenciones, la Corte declaró que las restricciones bancarias al uso del dinero que los argentinos tenían en sus cuentas de ahorro, sus cuentas corrientes y en sus depósitos bancarios importaban una violación a los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional porque desconocían el derecho de las personas a disponer libremente de su patrimonio.
