En una asamblea, los socios de la Cooperativa modificaron el artículo Cuarto del Estatuto con un fin bien definido: ampliar los fines sociales para poder explotar una marca propia de alimentos balanceados de producción local y con materia prima de la zona rural del área de concesión.
Así, la conducción de la entidad a cargo de Héctor López Ricci le dio un golpe mortal a un negocio que habían entablado sus antecesores, todos seguidores del Clossismo local: desistió de un contrato de explotación entre la Cooperativa y una firma privada que usaba las instalaciones para su propia producción de balanceados, mediante un contrato calificado de “leonino” por los dirigentes actuales.
Según el presidente de la entidad, esta planta estaba en manos de una empresa de Santa Fe que “se llevaba todos los beneficios sin dejar ganancia alguna para la entidad y los socios”. Según López Ricci, la Cooperativa Cainguás producía alimentos para esta empresa a razón de una especie de cánon de 200 mil pesos por mes “que eran falaces, eran mentirosos, ya que la cooperativa debía abonar los cinco sueldos de la planta con las cargas patronales, lo que transformaba el monto inicial en 50, 60 mil pesos. A ese monto había que descontarle también el costo de la energía eléctrica consumida que la empresa no pagaba, sino que estaba a cargo de la entidad, por lo que finalmente no quedaba nada”.
El presidente detalló que de los números finales, en el último mes de contrato el resultado fue de un saldo a favor para la Cooperativa de apenas 2800 pesos.
“Era un gran negocio económico para la empresa Turner y estamos tratando de que ese negocio vuelva a manos de los sectores de nuestra producción. Esa fábrica se consiguió para que esté al servicio de los colonos”, recordó.
El clossismo local no ahorró críticas en contra de la decisión. En una carta abierta, el hermano del actual ministro del Agro y ex dirigente de la entidad, José Alberto Garay, advirtió que “la intempestiva cancelación del contrato que tercerizó la unidad elaboradora de alimento balanceado, paralizará la planta al menos por un año, con las consiguientes pérdidas. La cooperativa carece de marcas y de todas las inscripciones exigidas. Entretanto, aumentará los costos y burocracia internos”.
López Ricci le contestó duramente; aseguró que la cooperativa tiene la marca propia y está trabajando en los permisos de comercialización, y que en el mes de febrero ya estarían produciendo en beneficio de los socios. “Era esperable que molestara a algunos pocos la recuperación de los bienes de la entidad para los socios. La planta ahora está a disposición de los colonos, que es el objeto para el cual la construimos en 2008. No podemos atender otros intereses, por más que molesten nuestras decisiones. Por más que en el primer mes ganemos poco, ya vamos a estar ganando más que lo que perdía la entidad”.
Finalmente detalló los trabajos de recuperación de los demás bienes: “nos dejaron motores quemados, cablerío abandonado, la caldera la tuvimos que mandar a arreglar a San Ignacio, tuvimos que hacer una inversión importante en poco tiempo para que siga funcionando. Estamos cambiando líneas, postes, en febrero Emsa va a arreglar la línea de 33 mil voltios. Estamos trabajando muy fuerte y el personal se lleva todos los laureles”
“Estamos haciendo investigaciones puntillosas sobre cada tema que no funciona. Queremos saber qué pasó con todo, incluso pedimos la copia del expediente del robo en la entidad (ocurrido en enero de 2017) porque hay cosas que no nos quedan claras. No tenemos descanso para poner orden en todo lo que nos queda por delante” agregó. Y finalizó advirtiendo que “hay intereses políticos en las críticas, pero no vamos a entrar en debate por mezquindades ni temas menores”.
