De no cruzarse en las intenciones del Gobierno nacional algún imprevisto, dentro de 28 días se iniciarán en la Cámara de Diputados, del Congreso de la Nación, la búsqueda de consenso para que en sesiones extraordinarias, que llamaría el presidente Mauricio Macri, se debata un dictamen para crear un Régimen Penal Juvenil, proyecto encabezado por el actual ministro de Justicia, Germán Garavano.
La polémica desatada sobre este intento de modificación de la ley 22.278, en vigencia desde 1980 por decreto de la dictadura militar, radica en varios artículos, pero principalmente en cuanto a bajar de 16 a 15 años la edad para imputar a menores y privarlos de la libertad en casos de ser hallados culpables de delitos graves, con prisión hasta por quince años.
El proyecto posee cien artículos, divididos en 16 capítulos, y a la idea de bajar a 15 años la imputabilidad se agrega, para la polémica y con rechazo de organizaciones de derechos humanos, medidas que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) considera desalentadoras del delito para los adolescentes.
Fija (artículo 2) que a aquellos menores con 15 años “sólo se les aplicará el régimen cuando cometieren algún delito reprimido con pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal”.
Según esta norma entonces se estima que “homicidio, violación o abuso sexual agravado, secuestro extorsivo o robo con armas de fuego”, serán los delitos remarcados como graves para los menores de 15 años en adelante.
El debate se centrará también en la creación de una “Justicia especializada”, que se encargaría de controlar las sanciones, cumplimientos de condenas y los órganos que deberán reinsertar a los menores tras purgar o resarcir el delito.
Otro de los puntos álgidos de la propuesta del PEN se posa en que si el menor de 15 años, resulta responsable de un crimen con pena máxima superior a los diez años, la ley asignará funciones para la creación de un equipo interdisciplinario para “la evolución” de ese joven, con acuerdos restaurativos, programas de salud, tratamiento de adicciones, en caso de que sea necesario o la intervención de organismos de protección de la niñez. Todo con informes periódicos, cada 90 días, al juez de ejecución respectivo.
“Derechos y responsabilidades”
El ministro Germán Garavano, durante los últimos meses en que recrudeció la polémica y las sospechas de que el proyecto de ley será llevado al Poder Legislativo manchado con fines electoralistas, recordó en reiteradas entrevistas de medios nacionales que “el proyecto de Régimen Penal Juvenil original establecía 14 años” como edad de imputabilidad, es decir dos años menos a lo que establece la normativa vigente. Explicó que su intención “tras hacer un análisis estadístico y por el tipo de casos parece más adecuado que sea 15 años”.
También resaltó que al oficialismo le parece “más importante el régimen de abordaje de los jóvenes frente al delito, para que tengan derechos pero también responsabilidades”.
Garavano también sostiene que en su proyecto “hay un abordaje distinto a los jóvenes que cometen delitos y un abordaje especial para los jóvenes inimputables” y que persigue “un cambio de paradigma”.
Voces especializadas en derecho penal y en analizar situaciones de la cotidianidad misionera opinaron para PRIMERA EDICIÓN como antesala de lo que podría representar un fuerte debate legislativo, a partir del martes 19 de febrero próximo.
La solución no está en la edad
“La Iglesia Católica no tiene una postura tomada de manera oficial sobre un régimen penal juvenil. También remarco que no soy jurista, ni técnico en la materia, soy párroco, un sacerdote y hablo desde el punto de vista humanitario como primordial.
“La solución para combatir el delito juvenil no está en abordar el problema con fijar un año o más o menos para imputar a un menor. Lo principal no está allí. Es esencial lograr unanimidad de voces y pensamientos alrededor de la prevención y las causas que motivan el delito.
“La problemática es un caldo de cultivo, lo jóvenes y niños no tienen esperanza, la perdieron frente a la pobreza y se genera día a día posibilidad de que caigan en la criminalidad y no poseen la mínima contención porque el flagelo viene aparejado con la desintegración de sus familias.
“La inmensa mayoría de los pobres es inmensamente honesta y la delincuencia no se circunscribe a una clase social. Esto es así con menores y con adultos. Se debe hablar de reinserción del menor, de marcar los condicionamientos y reparar el daño. Pero no en un sistema carcelario, no podrá ser reeducado, la resocialización no está en la prisión.
“La prevención es una tarea en la que toda la sociedad debe trabajar e incluye alejar al menor de los flagelos de la adicciones. Insisto, allí está el caldo de cultivo. El consumo de alcohol y drogas aumenta y pone en riesgo la vida de las víctimas del delito pero también la de los chicos que lo cometen por el objetivo de intoxicarse.
“La edad para imputar un adolescente no es lo importante, sino qué hacer con el que delinquió, el que causó un daño. Antes de castigar hay que pensar, la solución no es reducible al sistema carcelario que se traga a los menores y los vuelve más peligrosos de lo que ingresaron. El problema es de fondo y si nos quedamos en la edad y la pena no vamos a discutir las causas y el fracaso será mayor.
“No es conveniente que un régimen penal juvenil se discuta en pleno año electoral. Hay que pensar en la persona, en el menor, no entre posiciones como el garantismo y la punibilidad, las dos hacen daño. Sería un espanto que esto se debata por el rédito electoral”.
Es un mensaje de criminalización
“El proyecto de bajar la edad de punibilidad tiene como objetivo la persecución estatal a través de la Justicia penal a adolescentes en conflicto con la ley, en lugar de priorizar los estándares internacionales y la ley de Protección Integral. Se afectan derechos consagrados en la Constitución y por el Comité Internacional de los Derechos del Niño, que prohíbe la disminución de la edad mínima de punibilidad. Es regresivo y represivo.
“Se intenta poner al pueblo juvenil como autor exclusivo y excluyente de la inseguridad, lo que resulta falso. Por ejemplo, un informe del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, establece que sobre 175 homicidios registrados en el 2015, sólo un caso fue cometido por un menor de 16 años, es decir un 0,57%, mientras que 10 son de menores entre los 16 y 18 años, un 3,8 %. La Procuración de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia homónima, indica que menos del 0,5% del total de hechos son cometidos por menores. En Misiones no llegamos al 1%.
“Se retrocede en la idea de reintegración social del menor infractor de la ley penal, ubicando a este espacio juvenil, como enemigo social. Se convoca a una reforma teniendo como eje la edad, un claro mensaje de criminalización de la infancia y adolescencia. La reforma no puede darse sin advertir la vulneración actual de los derechos económicos, sociales y culturales en que vive la infancia y la adolescencia. En Argentina, el 48% de los niños está en la pobreza (UNICEF).
“La respuesta no puede ser punitiva. Debemos preocuparnos por la escolaridad de los pibes, más aulas que jaulas. Pretender solucionar un conflicto social con el código penal, es más que erróneo. Antes que cárceles, escuelas.
“El proyecto esconde la imposición al niño de un régimen previsto en la legislación para adultos, se viola el principio de especialidad, donde vemos al niño sujeto de derechos, ciudadano en formación, crecimiento. Jamás podemos asimilarlo al adulto infractor.
“De aprobarse así este proyecto, deviene inconstitucional, resulta regresivo a regímenes anteriores y contradice a la ONU. Los derechos de los niños y adolescentes son Derechos Humanos”.
Populismo punitivista
“Michel Foucault dijo que la cárcel es simbólica y la función real del sistema punitivo es el control configurador o positivo sobre todos. Esta función no es una forma de poder detentada por la Justicia sino por poderes laterales, agencias de seguridad (policía) y demás instituciones de vigilancia.
“El nuevo intento de reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años debe comprenderse como pura propaganda política y mayor control de quienes quedan fuera, obsérvese que la participación de menores a 16 años en el delito es mínima (un homicidio en Capital Federal y dos en Provincia de Buenos Aires, en 2017 y 2015, respectivamente).
“Los medios de comunicación devienen fundamentales para la construcción de la realidad. Neutralizan al peligroso y no hay reeducación o rehabilitación. El discurso penal es mecanismo de gestión sobre grupos de riesgo con confinamiento a cárceles de pura custodia, hasta con monitoreo digital, con el único objeto de reducir daños y aventar el peligro, sin promesa de un futuro sin delitos o castigos. En nuestro país, desde los ‘90 se siguió este derrotero azuzado desde la televisión. El resultado fue el aumento del 200% de encarcelados.
“El código penal fue reformado y aumentó penas al extremo de violar tratados internacionales. Argentina tiene la estadística (con Chile y Uruguay) más baja de criminalidad en Latinoamérica. Capital Federal tiene una media de 5,5 homicidios cada cien mil personas, entre las tres más bajas del subcontinente, ninguna ciudad argentina integra las 50 ciudades más violentas del mundo. San Pedro de Soula, Honduras, va al frente con 171,20 muertes cada cien mil personas, le sigue Caracas y Acapulco, México con 104. Cuatro ciudades de los EEUU: St. Louis, 53,06; Detroit 49,93, New Orleans 39,61 y Baltimore 33,92.
“El debilitamiento del ‘welfare state’, estado de bienestar, necesita correlación disciplinante y aumento del control de la mercantilización, condiciones de empleo precarizadas. Requiere un control duro de estigmatización y encierro. Un nuevo elemento amenazante objetivado en la inseguridad, permite el creciente proceso de criminalización de los excluidos”.
Debate sí, sin violar derechos
“Desde hace veinte años, casi todos los países americanos modificaron las leyes penales que regulaban la situación de los menores de edad, como suele decirse ‘menores en conflicto con la ley penal’, cuando la realidad debería inclinarse para sostener ‘la ley penal en conflicto con los menores’.
“Este proceso apareció luego de la aprobación y posterior ratificación en cada uno de los países, de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CDN) que fulminó de inconstitucional todo el anterior derecho penal de menores. Miles de niños y adolescentes latinoamericanos estuvieron (y todavía están) privados de su libertad, so pretexto de su protección.
“Es saludable que se debata un régimen penal juvenil, pero es más saludable que se proteja a los menores sin violar sus derechos fundamentales. El único país de la región que no derogó los antiguos sistemas penales de menores, inconstitucional de cabo a rabo, es Argentina. A quienes transitan debajo de los 16 años, se los trata como inimputables, sin derechos, no tienen defensa, no tienen juicio.
“Hay que respetar la Convención de los Derechos del Niño, que integra nuestra Constitución Nacional, salvaguardarlos (artículos 37 y 40 de dicha Convención) atesorando las garantías del debido proceso y limitando causales y penas privativas de libertad.
“La actual -e inconstitucional- legislación de menores tiene imputabilidad plena a los 16 años y, por debajo de esa edad, discrecionalidad represiva y sin garantías, sí, al antojo del operador judicial.
“La discusión de un nuevo régimen penal juvenil, no sólo debe tener en el centro la baja de 16 a 15 la edad de imputabilidad; debe ser un debate más profundo porque implica la ampliación de la criminalización primaria a la franja más vulnerable de la población, los niños que viven en la pobreza.
“Como sostiene el profesor Gargarella, la delincuencia juvenil nos remite a los menores desatendidos. Jóvenes que el Estado no supo educar y que no sabe contener sin segregación institucional.
“No reduzcamos el debate a la baja de la edad que no repara nada y es sólo una pretensión espasmódica de solución que roza el inflacionismo penal”.
Más cárceles no es la solución
“Una vez, alguien me preguntó respecto al hogar para menores judicializados ‘Lucas’, qué pensaba. Respondí: ‘No tendrían que existir lugares como este, pero debido a los tiempos que vivimos, tristemente existen’.
“Respecto a la edad de la imputabilidad en discusión, creo que nos debemos -desde hace mucho tiempo- una nueva ley porque la hoy rige es de hace 40 años, y los chicos ahora no son, ni se comportan, como entonces. Igual sostengo que bajar la edad no sería lo mejor, pero es cierto que algo hay que modificar al respecto.
“Bajar la edad quiere decir que habrá que construir más cárceles, y yo preferiría mejor un chico en la escuela que en una prisión. Por lo general, cuando alguien piensa en encierro, piensa en castigo. Pero nunca llegaríamos a este punto tampoco si la enseñanza y la cultura del trabajo y la reeducación para la reinserción, no prevalecen.
“Tenemos que pensar que el servicio penitenciario actual, o los lugares de encierro, no son adecuados y los menores que ingresan salen potenciados en criminalidad.
“Es decir, antes de pensar en meterlos presos tendríamos que modificar las cárceles porque no funcionan conforme al fin de su creación. En la localidad bonaerense de San Martín, se comprobó que el 90 por ciento de los chicos que delinquen no están dentro del sistema educativo.
“Hay que darles soluciones, y rápidas, a las personas que hoy ven a un empresario o un político cometiendo delitos y hasta arrepintiéndose a cambio de oportunidades para no ir preso.
“En cambio a los pibes, que muy probablemente muchos morirán en el consumo de estupefacientes o quién sabe qué otra manera, los enviamos directo a cárceles. No estoy a favor de la impunidad de nadie, si alguien comete un delito debe haber leyes que los juzgue.
“Se piden sanciones a los padres, pero los delitos no son transferibles. El Estado debe asegurar el bienestar de todos. Y si se baja la edad sólo para meter menores presos, nos equivocaremos porque hay alternativas y generaremos un problema mayor, porque los chicos reflejan las conductas de los adultos, toman como ejemplo y hoy no ven nada bueno”.
