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Otorgan nuevas frecuencias a ARSAT para asignar a prestadores privados

21 enero, 2019

Lo hizo a través del decreto 58/2019 publicado hoy en el Boletín Oficial, y que lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y de todo el gabinete de ministros.

En el mismo se estableció que “a efectos de generar condiciones de competencia y promover el desarrollo regional, al asignar las frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación de Servicios de Comunicaciones Móviles, el Enacom otorgará participación a prestadores de servicios de telecomunicaciones de carácter regional o local, públicos o privados“.

Además, se precisó que esta participación de terceros “no podrá ser menor al 20 % de las frecuencias indicadas”.

El decreto destacó que el tráfico de datos de los servicios móviles se duplica año a año y que para acompañar ese crecimiento, mientras se despliega más infraestructura, es necesario periódicamente poner a disposición espectro a fin de que sea asignado a los distintos prestadores, con el objeto de acompañar el crecimiento de la demanda y asegurar la calidad del servicio.

Asimismo, indicó que “en virtud del dinamismo del sector, es necesario implementar un marco normativo adecuado para generar condiciones de seguridad jurídica y fomentar nuevas inversiones mediante la adopción de criterios normativos orientados a mejorar la cobertura de los servicios”.

El Gobierno sostuvo que “demorar decisiones que implican el tendido de redes y la incorporación de operadores regionales a la oferta de servicios móviles implicaría desigualdad competitiva entre los grandes y medianos operadores, así como privar a los consumidores de mayores opciones”.

En consecuencia, precisó que “teniendo en cuenta la realidad dinámica del mercado de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, esperar el trámite legislativo habitual arrogaría un importante retraso que obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos de la presente medida”.

Diferencias de opiniones

Analistas del mercado de telecomunicaciones marcaron visiones diferentes sobre el impacto que tendrá el decreto presidencial sobre administración de frecuencias, en el negocio de 4G y comunicaciones.

“El DNU de hoy es una muestra clara de un paso adelante para el desarrollo de redes de alta velocidad para todos los argentinos”, afirmó hoy Franco Cecchini, titular de la Cámara de Telefonía IP (Catip), que reúne a las operadoras pymes.

Agregó que “liberar las fuerzas de todos los emprendedores argentinos con ganas de invertir y competir por los maltratados usuarios es una decisión inteligente que cambiará para mucho mejor la calidad y nivel de servicio de Telecomunicaciones de nuestro país”.

Mientras que el consultor, Enrique Carrier, en diálogo con Télam consideró que “hay que ver cómo se implementa el otorgamiento, para ver quienes pueden participar, si hay o no restricciones para los operadores existentes”.

En cambio, el investigador del Conicet, Martín Becerra, aseguró que “con el breve DNU 58/2019, el gobierno argentino vuelve a modificar la estructuración, reglas de juego y asignación de recursos públicos en el sector de las comunicaciones” en un artículo que tituló “Macri decreta a favor de las telefónicas”.

El decreto de necesidad y urgencia 58 publicado hoy en el Boletín Oficial, otorga al Ente Nacional de Comunicaciones las bandas de espectro radioeléctro que tenía en reserva la empresa Arsat.

Estas bandas, que sirven para dar servicios de internet móvil con tecnología de 3G y 4G, ya tienen su propia historia pues fueron las mismas que el Estado puso en manos de Arsat para el proyecto Libre.Ar, que nunca se concretó y fueron las asignadas en el año 2014 a la empresa del grupo Vila, Arlink.

El incumplimiento de Arlink hizo que las frecuencias volvieran a Arsat como “reserva” pero recién el año pasado su uso dejó de estar judicializado.

Ahora el decreto le otorga al Enacom la facultad de asignar estas frecuencias “a efectos de generar condiciones de competencia y promover el desarrollo regional”.

Dispone también que un “20% de las frecuencias” serán otorgadas a “prestadores de Servicios de TIC de carácter regional o local, públicos o privados”.

Más allá de estas consideraciones toda licitación de espectro implica el ingreso de dinero para las arcas nacionales.

La licitación de frecuencias del año 2014 generó para el estado ingresos por US$2.200 millones.

Aparte de que se trata de una cantidad menor de frecuencias, distintos analistas consultados coincidieron en que el valor actual de estas frecuencias es hasta 60% por debajo de lo pagado en el 2014.

En la valuación de las frecuencias, pesa que las empresas no tienen la urgencia del 2014, cuando el atraso en la licitación de 4G, llevó a sobresaturar las redes de 2G y especialmente 3G, además del equilibrio entre precio y requisitos.

Fuente: Agencia de Noticias Télam

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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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