Es la cualidad fundamental que caracteriza a la democracia.
Esta definición, las aprendí gracias a los muy buenos maestros que tuve la suerte de tener, paradójicamente, pertenecientes a la escuela pública, también garantizada por el Estado.
Es necesario y fundamental remarcar estos principios básicos para el tema que tengo que abordar. Formé matrimonio, en 2007, enlace ungido, por el Registro Civil, homologado por el Estado, siempre presente. Matrimonio que uno desea para toda la vida.
Con mi esposa tuvimos un hijo en 2008. Formamos y consolidamos un hogar, homologado siempre por el Estado, trabajamos, pagamos impuestos como tantos millones de matrimonios para forjar la provincia y el país que soñaron nuestros mayores.
Lamentablemente el idilio no dura para siempre. “El hasta que la muerte nos separé”, por falencia de uno, de otro y/o de ambos, se tornó una quimera. La convivencia se tornó inviable y con lo doloroso que significa tomar algunas decisiones, las tomé con el fin de preservar la integridad, en el sentido amplio de la palabra; retirarme del hogar que con tanto esfuerzo construimos, dejando a mi esposa y mi hijo de cinco años Por entonces corrían fines de 2012.
Con el dolor a cuestas, a buscar refugio en casa de amigos, sin recursos, con la esperanza de que todo mejoraría. Luego un pequeño alquiler, con la suerte de contar con un trabajo para volver a pelearla. Volver a estar en la meseta para dignificar al Estado.
Pero empezaron los permanentes paseo en los Juzgados de Familia, muy traumáticos, llantos en ambas partes. Se regularon los 30%, en concepto de alimentos, que ofrecí para la manutención de mi hijo, afortunadamente techo garantizado, al dejarle la vivienda familiar. Ya que no quería perder el vínculo con mi hijo, no tanto por derecho natural, sino por amor.
La lucha por obtener un régimen amplio de visita que costó obtener de la Justicia, que obran en expedientes, trámites de divorcio en curso tramitados hace más de tres años. El título de divorcio exprés es nada más que un título mediático, al menos para un asalariado. Seguramente paras las clases pudientes y también mediáticas lo sean.
Hasta que la Justicia, independiente de los demás poderes del gobierno, aplicó las leyes creadas por el otro poder independiente y autónomo, el Legislativo, leyes que fuera aprobado por el Poder Ejecutivo (provincial o nacional) a estas alturas es por lo menos irrelevante el caso.
El Estado me condena a abonar los honorarios del letrado de la contraparte, en una suma que remotamente pueda afrontar. Soy económicamente insolvente para abonar la sideral suma, de 143.000 pesos, se entiende que es capital e intereses. Me dan cinco días hábiles para apelar, Bajo amenazas de embargos, estampadas en forma coercitivas en las frías hojas selladas de un oficio judicial.
Es válida la aclaración que el Estado absorbe el 35% de mis haberes, en concepto de impuestos a las ganancias, sumados al 30% de cuotas alimentarias. Después de acercarme a negociar un plan de pagos con la letrada, me exige “12 cuotas, del capital, que los intereses lo vemos después”, propuesta que supera al 120% de mi capacidad de pago.
El círculo se cierra. El gobierno ha actuado a través de la Justicia, no me animo a decir el Estado, porque también aprendí que el Estado somos todos, O tal vez, no lo aprendí bien a eso, o quizás no tuve buenos maestros, de quienes aprender.
Entendí que cuando uno ve sus derechos vulnerados, cuando las garantías constitucionales son mancilladas hasta por el Estado (ya me da miedo mencionarlo), un ciudadano puede solicitar un recurso de amparos. Voy a la Defensoría oficial, lo más lejos que pude llegar es a la mesa de entrada. La oficial de Justicia dice lamentar mucho la situación, pero es imposible que me atiendan, ese es un lugar para desamparados y de escasos recursos, “Usted que tiene empleo, tiene que ver un abogado”.
El ciclo vuelve a empezar. La aceitada maquinaria de la estructura judicial y de letrados, funcionan a la perfección. ¿Le importará al Estado que yo piense que puede existir connivencia, entre jueces y abogados? Qué salida tiene un hombre separado, condenado a ver a cuentagotas a su hijo, condenado a pagar siderales sumas sin importarles si soy solvente. Mi ex pareja, nuestro hijo y yo somos lo que atravesamos los momentos conflictivos. Porque el estado a través de la AFIP, también posee mis declaraciones anuales de ingresos. No le es difícil comprobar lo lógico.
Se ve que nada importa cuando el Estado Republicano y Federal decide salir a cortar cabezas. Esto está sucediendo en el Juzgado de Familia 2 de la ciudad de Eldorado, provincia de Misiones.
Y me está sucediendo a mí.
Sergio Mendoza
Eldorado (Misiones)
