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Misionera reclama justicia por su familia muerta en un choque en Chile

19 octubre, 2018
BRONCA Y DOLOR. La familia de Hugo, Adriana y los pequeños pide desde el norte misionero que las autoridades chilenas hagan justicia.

BRONCA Y DOLOR. La familia de Hugo, Adriana y los pequeños pide desde el norte misionero que las autoridades chilenas hagan justicia.

BRONCA Y DOLOR. La familia de Hugo, Adriana y los pequeños pide desde el norte misionero que las autoridades chilenas hagan justicia.

Nada cambió durante los últimos diez meses para los familiares del gendarme misionero Hugo Alberto Cano (40). La vida se transformó en pesadilla y el dolor se convirtió en triste compañero diario. Sin embargo, ayer sus allegados finalmente rompieron el silencio, motivados por la declaración del camionero acusado de provocar el choque que se cobró las cinco vidas, quien aseguró que la responsabilidad fue del argentino.

“Sentimos mucha bronca, mucha impotencia. Sorprende que siga negando cuando la Justicia chilena confirmó mediante las pericias que él se cruzó de carril. Mi hermano era prudente y precavido, jamás hubiese puesto en riesgo su vida y la de su familia. Decir algo así y que nadie diga más nada es muy injusto”, señaló ayer a PRIMERA EDICIÓN una de las hermanas de Hugo, Nancy (38), desde Piray.

Durante las audiencias preliminares del debate por la muerte de Cano, su mujer y los tres hijos de la pareja, el camionero Pablo Elías Espinoza Vásquez se dijo inocente y aseguró que “la infracción la cometió el vehículo argentino”, tras lo cual negó su responsabilidad en la colisión registrada en el sur de Chile, cerca de Punta Arenas, el jueves 4 de enero.

“No me parece justo que hable de esa manera. Nosotros nunca quisimos decir nada, pero realmente es injusto que diga eso, primero porque las pericias demuestran lo contrario y segundo porque mi hermano ya no se puede defender”, indicó, entre lágrimas, Nancy.

La mujer vive en Puerto Piray, de donde Hugo era oriundo y aún viven sus padres. “Mis padres tienen 60 años. La están sobrellevando, como todos. Mi mamá se refugia mucho en la fe y es la que nos contiene a todos. Al leer lo que dijo esta persona, sentimos bronca, indignación, tristeza. Está calumniando”, explicó.

Cano era el mayor de los siete hermanos. Había nacido en Puerto Piray y formó familia con Adriana Elizabeth Díaz (36), que era de Buenos Aires. De los tres hijos de la pareja, Iván (16), Hernán (12) y Ludmila (7), la más pequeña también era misionera. Los cinco perdieron la vida en el choque. Y sus familiares no saben cómo seguir.

“Era mi hermano mayor, siempre estaba atento a todos. Por eso pedimos que se haga justicia. No nos los van a devolver, pero que la pena máxima pedida por la fiscalía sea de 3 años por cinco vidas es muy poco”, se lamentó Nancy, quien pese a los 3.900 kilómetros que separan su casa de Punta Arenas, intenta seguir de cerca las novedades de la causa, que en las próximas semanas finalmente llegará a juicio oral y público.

Sobre el final de la entrevista, la mujer aprovechó para agradecer públicamente a todos los que colaboraron con el traslado y despedida de Hugo, Adriana y los chicos, cuyos restos descansan en el cementerio de Piray. “Quiero agradecer a toda la familia, a la Gendarmería Nacional, a los vecinos de Piray, al municipio. Todos fueron muy solidarios y estuvieron presentes en esas horas tan difíciles. Ahora sólo esperamos justicia”, sintetizó.

El episodio tuvo lugar alrededor de las 17.30 del jueves 4 de enero sobre la ruta internacional CH-255, que une Punta Arenas con Río Gallegos. Cano era mecánico de aviación de Gendarmería Nacional y vivía en Río Gallegos, tras cumplir servicio en Buenos Aires y Posadas. La familia volvía de pasar el día en el sur chileno a bordo de un Fiat Siena cuando chocó con el camión conducido por Espinoza Vásquez.

Tags: Tragedia familia Cano
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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