La Cámara de Diputados de la Nación tiene listo y casi sobre la mesa un proyecto que apunta a regular la relación entre propietario e inquilino poniendo bajo la lupa la intermediación.
Entre las varias modificaciones a lo que hoy funciona consuetudinariamente se destacan que, de aprobarse el proyecto, la duración de los contratos se eleva de dos a tres años. Además se establece un mecanismo de actualización semestral en base a “un índice conformado por partes iguales, con el índice de precios al consumidor (IPC) y el coeficiente de variación salarial (CVS), ambos elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)”.
En cuanto a las garantías, se amplía el espectro de certificados para acceder al alquiler, más allá del título de propiedad que es actualmente requerido por los propietarios de manera casi excluyente. Se agregan avales bancarios, seguros de caución, recibos de sueldo o certificados de ingresos y garantías de fianza.
Sobre los depósitos, la futura norma establece que los locadores no podrán exigir a los inquilinos más de un mes de alquiler de la locación.
Por otra parte, se obliga a los propietarios a reintegrar el depósito (al momento del cese del contrato) al valor actualizado del último mes de locación.
Las comisiones inmobiliarias quedarán a cargo del propietario y no de los inquilinos.
Estas y otras modificaciones hacen al cuerpo de la futura norma que, sin embargo, fue atacada por algunos sectores dado. Pero no se trata de legislar a favor de unos en detrimento de otros. Es , en todo caso, poner acento de ley a las relaciones que se vienen dando sin tutela estatal desde hace décadas.
La colaboración de todas las partes en pos de una mejor norma debe ser el norte a partir de ahora porque detrás esperan millones de personas que ven imposible hoy concretar la casa propia.
