Por una batería de delitos fueron imputados los cuatro prefecturianos detenidos e investigados por el robo de más de 4 millones de pesos en mercadería del depósito de secuestros de la Prefectura Iguazú, entre ellos el de “asociación ilícita”, que prevé penas que pueden alcanzar hasta los veinte años de cárcel.
Los uniformados fueron acusados formalmente ayer, tras desfilar ante el magistrado Miguel Ángel Guerrero, titular del Juzgado Federal de Eldorado y al frente de la pesquisa. Acto seguido, los cuatro coincidieron en optar por abstenerse de declarar, tras lo cual regresaron a Puerto Iguazú, donde permanecen detenidos.
Según pudo saber PRIMERA EDICIÓN, los abogados defensores de los uniformados también presentaron ayer sendos pedidos de excarcelación, que Guerrero ya corrió en vista para la representante del Ministerio Público, Liliam Delgado. La fiscal debe opinar ahora si corresponde o no, desde su punto de vista, que los prefecturianos aguarden en libertad por la sustanciación del proceso.
Al edificio judicial de calle América al 200, en pleno centro de Eldorado, fueron trasladados ayer por la mañana los cuatro involucrados, un prefecto principal, un prefecto, un oficial principal y un ayudante de tercera, todos con prestación de servicio en la Triple Frontera.
En principio, Guerrero les hizo saber los delitos por los que se encuentran tras las rejas. “Abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, peculado y asociación ilícita” fue la acusación en común para los cuatro, aunque en el caso del ayudante de tercera, también se le sumó “fraude en perjuicio de la administración pública y daño al Estado nacional”. Durante el mismo procedimiento, los defensores solicitaron la excarcelación.
Los cuatro prefecturianos fueron apresados en la mañana del último jueves, en el marco de un megaoperativo llevado adelante por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con apoyo de seguridad del Escuadrón 13 Iguazú de Gendarmería Nacional.
Semanas atrás la propia Prefectura había iniciado una investigación interna por pedido de Guerrero, ante el alerta de un “pasero” que habría asegurado que la mercadería que le habían incautado en un procedimiento de contrabando se había “esfumado” de los depósitos de la fuerza federal, sobre la avenida Tres Fronteras de Puerto Iguazú.
Una sigilosa investigación permitió determinar que los cuatro prefecturianos guardarían algún tipo de relación en la desaparición de más de 4 millones de pesos en productos secuestrados durante diversos operativos. La mercadería es de todo tipo de rubros, desde calzado y textiles hasta bazar, aunque entre lo “desaparecido” predominan los teléfonos celulares.
Justamente, entre las diferentes maniobras que se encuentran bajo la lupa, los detectives intentan establecer si es cierta la versión que apunta a que los prefecturianos involucrados -dos de ellos eran hasta ayer jefes de la Prefectura Iguazú- registraban teléfonos celulares incautados de mayor valor como aparatos de precio más bajo en el mercado. De esa manera “burlaban” -o al menos, así lo creían- los controles internos y lograban sacar la mercadería.
Otra de las “patas” de la pesquisa tiene que ver con el camino que seguían esos productos. La principal sospecha apunta a que eran vendidos en el “mercado negro” a costos infinitamente superiores a los del mercado formal. En razón de que los celulares eran conseguidos sin mayor gasto, más que el que supone un operativo “anticontrabando”, las ganancias para los autores eran, literalmente, del cien por cien.
