“Ahorramos el dinero con mi esposo y ahora seguimos pagando alquiler como podemos, mientras tanto de nuestra casa sólo tenemos cuatro paredes y la maleza creciendo”.
Cada vez que Sonia Elizabeth Peralta observa su sueño a medio comenzar en la esquina de la avenida San Martín y San Lorenzo de Jardín América, la bronca le corroe la voz y apunta directamente al presunto responsable de su padecer, el constructor de 43 años detenido en Puerto Iguazú y acusado de estafar, sólo en esa jurisdicción, a cinco familias en más de medio millón de pesos.
“Somos tantos los estafados por el constructor que creamos un grupo de WhatsApp de 17 integrantes para comunicarnos los pasos a seguir, cómo denunciar y seguir averiguando a cuántos más engañó. Hasta el momento tenemos contados más de 70 perjudicados”, relató ayer a PRIMERA EDICIÓN Peralta, quien está apesadumbrada porque con su pareja conocieron por redes sociales al empresario de la construcción y firmaron un contrato para adelantarle 80 mil pesos para comenzar la vivienda en octubre del año pasado, poder ingresar a vivir en ella antes de la última navidad e ir cancelando el resto de lo pactado, 200 mil pesos, en cuotas mensuales de cinco mil.
Pero apenas vimos las paredes, ni el piso, menos el techo, nada y cada vez que le reclamamos sólo nos imploró ‘aguantame por favor que ya la termino’. Lo mismo nos dijeron sus presuntos socios en la constructora, pero hasta los albañiles están desesperados porque no cobraron casi nada por el trabajo”.
La situación de Peralta es idéntica a la de los demás denunciantes que en cadena surgen en varios puntos de la provincia.
“Hace tres meses que desapareció el constructor y van apareciendo más víctimas. Esperamos ahora que el dinero aparezca y nos lo devuelvan porque ahora me quedé sin contrato de alquiler y el propietario que nos está ayudando esperando a ver si solucionamos el tema y nos terminan la casa”, agregó la damnificada.
Desde el jueves 6 de septiembre, este supuesto empresario oriundo de Santa Ana, permanece detenido por orden del juez Martín Brites, quien lo investiga por cinco casos de “defraudación y estafa” (artículo 172 del Código Penal), cometidos en Puerto Iguazú y Wanda.
Una vez que deje firme su imputación, el derrotero del sospechoso seguiría por las demás jurisdicciones judiciales donde se radicaron idénticas denuncias por montos de 50 a 250 mil pesos por hogares que ni siquiera se culminaron los cimientos.
El sábado, el constructor fue trasladado al Juzgado de Instrucción 3 de Iguazú pero se abstuvo de declarar. Mientras esto ocurría, en Candelaria, se allanó su oficina y se encontró material que lo apuntan directamente como responsable de dejar un tendal de estafados.
Entre facturas, remitos y contratos prendarios, se halló una orden de libertad, emitida por el Juzgado de Instrucción 7, donde ya había estado detenido por denuncias similares.
