Los acusados estaban en Uruguay y retornaron este jueves a Asunción para ponerse a disposición de la Justicia.
Los jóvenes liberales Luis Osvaldo Sánchez, Brian Martínez, Rubén Galeano y Daniel Aquino llegaron al aeropuerto de Asunción en un avión privado, fueron detenidos a su arribo y conducidos al Palacio de Justicia en un convoy policial.
En el aeropuerto los esperaban cientos de simpatizantes y los principales líderes del Partido Liberal, el mayor de la oposición.
Amarilla recordó, además, que el tribunal de apelación había retirado la prisión preventiva por la prisión domiciliaria a Stiben Patron, otro joven liberal detenido por el caso de la quema del Congreso, “por lo cual se actuó en consecuencia, en igualdad de condiciones” para los cuatro jóvenes que hoy se pusieron a disposición de la justicia”.
Efraín Alegre, presidente del PLRA, sostuvo que hoy se logró la victoria, pero que aún queda por hacer en busca de justicia. Otros dirigentes liberales sostuvieron que se demostrará que la Fiscalía actuó de manera irregular en la imputación de los cuatro jóvenes en los hechos de violencia del 31 de marzo que generaron finalmente el abandono del presidente Horacio Cartes de su intento de reelección.
Los jóvenes estaban bajo orden de captura en Paraguay y procesados por supuesta fabricación de bombas molotov en el marco de esas protestas.
Ese intento, promovido por varias fuerzas políticas, generó una ola de violencia, con la quema parcial del edificio del Congreso, enfrentamientos con la Policía, saqueos y cientos de detenciones, recordó la agencia de noticias EFE.
Horas después, la policía allanó la sede del PLRA, donde un líder de las juventudes de esa formación fue abatido de un disparo, presuntamente de la policía, .
Los cuatro jóvenes liberales habían solicitado asilo en Uruguay junio alegando persecución política y presiones políticas de la fiscalía para procesarlos.
En ese sentido, líderes del Partido Liberal subrayaron anoche que su decisión de regresar a Paraguay se debe a la divulgación de unos audios en los que se probaría esa influencia política en el estamento judicial para obtener sus imputaciones.
En esos audios, difundidos el mes pasado por una radio local, se escucharía a Raúl Fernández, secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), hablar con
Carmelo Caballero, ex ministro del Interior y abogado de José Ortiz, gerente de la tabacalera Tabesa, propiedad del presidente paraguayo, Horacio Cartes.
En una parte de esa conversación se haría referencia a las protestas contra la reelección y a una presunta connivencia entre la fiscalía y el gobierno para encarcelar a los presuntos responsables de aquellos hechos.
Ese audio forma parte de una cadena de grabaciones que han sacudido el panorama político paraguayo y que supuestamente revelan una trama de tráfico de influencias a gran escala desde el JEM.
La difusión de las grabaciones desembocaron en imputaciones para Fernández, Caballero y para el senador oficialista Óscar González Daher, que fue removido como miembro del JEM y destituido por la Cámara Alta de su condición de senador.
Fuente: Agencia Télam
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