En Oberá, adjudicatarios de las 200 viviendas de Villa Stemberg del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA), que deben ser entregadas en los próximos días, se mostraron indignados ante nueva requisitoria del organismo. Deben justificar un ingreso económico al que algunos no llegan. Si no cumplen perderían las mismas por las que ya pagaron las cuotas previas y esperan ingresar hace más de dos años.Algunas de las viviendas todavía están en construcción aunque debían ser entregadas en 2015. Luego de varios reclamos de los adjudicatarios, el presidente del Instituto, Santiago Ros, anunció que la entrega de la primera etapa se haría en noviembre. Sin embargo, esta semana, las familias fueron citadas a la delegación local del IPRODHA y al acudir se encontraron con que debían presentar recibos de sueldos por grupo familiar que certifique un ingreso de 15 mil pesos mensuales, en caso de tener un solo hijo; 20 mil pesos las familias con dos hijos; 25 mil con tres; 30 mil con cuatro, y así respectivamente. “Fuimos el martes pensando que era para presentar algunos papeles que faltaban, pero nos encontramos con la exigencia de un ingreso mínimo que no estaba previsto. Tengo que tener 25 mil pesos, porque tenemos tres hijos y con mi señora no llegamos, en nuestro recibo figura media jornada”, explicó Matías.La situación de su familia se repite en varios casos. “Cuando firmamos los documentos luego de ganar en el sorteo, nos pedían cinco mil pesos de ingresos. Esperamos casi tres años, fuimos con toda la ilusión, pensando que nos darían fecha de entrega. Nos dijeron que teníamos cuatro días para presentar todo o perderíamos la vivienda. Nos van a devolver lo que pagamos de las cuotas. Es jugar con todo lo que representa esperar la vivienda propia, hace tanto tiempo, no entendemos esta disposición”, aseguró.Los adjudicatarios se reunieron para analizar el novedoso pedido pero, afirman no poder cumplir. “Nos dijeron que esperan hasta la otra semana. Pensamos en un amparo judicial, no vamos a permitir que nos roben esta ilusión. Creemos que se trata de cumplir con compromisos políticos, nos da a pensar mal, lamentablemente, de otra manera no hay explicación”, acotaron. Javier Ávalos y su esposa Silvana, tienen seis hijos, por lo tanto deben tener un ingreso de 40 mil pesos para acceder a la casa por la que pagaron las quince cuotas previas por un valor de 890 pesos cada una. “No pueden cambiar ahora las reglas, esperamos que consideren la situación, no nos pueden sacar la casa”, subrayaron. “También nos dijeron que aún no está confirmada la fecha de entrega, puede ser a fines de mes, en diciembre y hasta dejaron entrever la posibilidad que sea recién el año próximo”, lamentaron.“El propósito es que no pierdan la casa”El titular del IPRODHA, Santiago Ros, explicó a PRIMERA EDICIÓN que en todos los casos el organismo a su cargo se encarga de “verificar el nivel de ingresos de las personas para ver si están en condiciones de pagar la cuota de la vivienda”. Los adjudicatarios abonan un ahorro previo y en su momento “declararon ciertos ingresos y tenemos que corroborar si es que se mantuvieron en el tiempo, y que son en función de los integrantes de la familia”. Si bien todos generan gastos, una parte tiene que estar destinado al pago de la cuota de la vivienda. Según Ros, desde el Instituto visitaron a un 40% de las familias “y encontramos varios problemas. Entre ellos, algunos de los que estaban en relación de dependencia, dejaron caer el monotributo, lo que da una pauta de que no tienen mucho interés en la vivienda, y tratamos que lo refloten”. También comprobaron que existe un considerable endeudamiento con tarjetas de crédito y entidades bancarias. “Usamos como referencia la canasta mínima más el valor de la cuota de la casa. Cuando aumenta el número de integrantes, la canasta aumenta. Hay familias que declararon ingresos que hoy no tienen. Otras que tuvieron un cambio en su situación laboral y ya no tienen esas entradas. La situación del país degradó la capacidad de ahorro de la gente”, sostuvo.El funcionario admitió que “estamos estudiando la forma de bajar un poco los requerimientos. Vamos a visitar familia por familia y que cada uno resuelva su problema. Pedimos un garante en caso que no puedan cumplir con su compromiso. En Oberá, analizamos bajar el nivel de la cuota. Las habíamos asimilado a las de Itaembé Guazú, porque son iguales pero como allá no cuentan con algunos servicios, decidimos bajar de 4.500 a 4.000 pesos”. Insistió con que “vamos a hablar con cada familia, si no le cierra deberán buscar garante. Y vamos a analizar los casos extremos. El propósito es que la gente preadjudicada no pierda su casa”.
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