Ante la lentitud de la Justicia de San Vicente para frenar y desalojar una intrusión en la reserva privada Yaguaroundí, situada en Fracrán, su propietario Bernardino González salió a exigir públicamente “una definición urgente”. “Quiero saber si alguien se va a mover para dar una solución. Esta persona a quien denuncié ha presentado una boleta de compraventa apócrifa y de esa manera ha ingresado a la propiedad, donde hay por lo menos un testigo que es falso, cuya firma no corresponde. Además ninguno de los testigos que aparecen en esa boleta conoce a la escribana que da fe al documento, por ejemplo”, denunció González ante PRIMERA EDICIÓN sobre las presuntas irregularidades que rodean al caso.Asimismo, mientras la disputa se libra en tribunales, la persona que se autoadjudica una parte de la propiedad tumbó un área de monte para la apertura de un camino interno, en un lugar que está protegido por la ley de presupuestos mínimos con “categoría roja”.“Pedí a Ecología que intervenga y que si debe expropiar la reserva, que lo haga, porque es una forma de protegerla”, señaló González, para quien “en este momento la denuncia que hago es por intrusión porque está tomando la mitad de un lote donde yo vivo, del cual tengo título de propiedad, libre deuda de Rentas de la Provincia y del mismo Municipio, que me lo dio antes de que pasara este lío. Tengo pago desde principio de año todos los impuestos”, enumeró. El acusado es un ciudadano bonaerense y su caso se hizo público en este Diario en mayo pasado, después de una serie de supuestas intimidaciones a miembros de una aldea guaraní en una zona lindante al predio en conflicto. De hecho, según el relato de González, el supuesto usurpador “también habría arrancado y hurtado con impunidad los carteles de los guaraníes y les amenazó en reiteradas ocasiones, e inclusive en dos oportunidades los mandó a intimidar con la fuerza pública. Las irregularidades están llegando a niveles preocupantes”, lamentó. Para el reconocido ambientalista el caso “es insólito” y no se entiende “si no hay una maniobra turbia”.Ocurre -siempre de acuerdo al relato del afectado- que “este hombre, a pesar de no tener título de propiedad, logró la instalación del servicio eléctrico de parte de EMSA y todo con el aval del Municipio, que le reconoció una factura de compraventa apócrifa”, se quejó. “Se trata de un hombre que -tengo entendido- no es una persona pobre sino un empresario, pero aún así ocupó ilegalmente una parte de mi lote; le aceptan el trámite y el pago de los derechos de conexión, con el agravante de que ni siquiera vive en la provincia, él solo ocupa, alambra, y pone cuidadores”, fue el apenado relato de González. La denuncia por intrusión fue radicada en el Juzgado de San Vicente, donde a pesar de exhibir título de propiedad, libre deuda de Rentas y libre deuda por todo 2017 extendida por la misma Comuna, antes de este hecho, González no logra que se le reconozcan sus derechos. Por otra parte, en el marco de las acciones que el dueño de la propiedad lleva adelante para recuperar el pleno uso del predio, también envió una carta documento al Municipio para que aclare por qué le reconocen al presunto intruso la validez del boleto de compraventa. “Es una intimación para que me aclare la situación; sin embargo, hasta el momento no la respondió”, protestó González.
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