En más de una oportunidad, en esta columna se advirtió sobre las dramáticas consecuencias que tiene el uso de pesticidas.La fumigación indiscriminada que es común para la supervivencia de cultivos extensivos como la soja transgénica, es admitido por la legislación en un contexto regulado, se combina en muchos casos con la aplicación de productos prohibidos.Este fue el caso de las mandarinas que ingirió la niña Rocío Pared y le causaron la muerte casi inmediata. El caso adquiere así una connotación doblemente cuestionable, desde el punto de vista de la legalidad, pero el principio es el mismo en muchos otros casos. En general, se privilegia sobre cualquier otro factor en juego, aunque se trate de la vida de personas inocentes, el rédito económico circunstancial y el poder relativo de una corporación determinada. Esto explica la permisiva ausencia de regulaciones que se que los casos fatales hacen visible en Corrientes, aunque tres dramáticos casos de muerte no sean bastante argumento para que el Gobierno se decida a poner límites al uso de pesticidas. En lo sustancial, sin embargo, sucede lo mismo con la difusa legislación que permitió, en los últimos años, una fuerte expansión de la frontera agrícola con amenazantes consecuencias para la integridad de los suelos y el equilibrio ambiental.La deforestación intensiva, oculta bajo leyes que no se respetan, es otro flagelo debido al miso principio. La ausencia de responsabilidad social frente a los daños, presentes y futuros, contra el medio ambiente y la salud humana está produciendo estragos a lo largo del planeta, pero no logra ser tenida en cuenta por los gobiernos de manera tal que se actúe con eficiencia. En Francia, respondiendo a esta realidad, el primer ministro anticipó esta semana que antes de 2022, fin de su mandato, prohibirá el uso del glifosato y de cualquier otro producto similar que “amenace la salud de los franceses”. Por ahora una promesa, pero digna de imitar.
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