La media sanción que otorgó este miércoles el Senado a la prórroga de la Ley Nº26.160 debe completarse con el pronunciamiento de la Cámara de Diputados en igual sentido para lograr que la norma, sancionada en 2006 con la intención de dar una solución definitiva a los problemas de acceso a la tierra de las comunidades aborígenes, no caduque y vuelva a fojas cero el 23 de noviembre, como está previsto. Al establecer la prohibición de los desalojos y otras acciones que pudieran obstruir el acceso a la tierra de los descendientes de pueblos originarios, se apostó a que en un tiempo razonable estuviesen efectuadas todas las acciones pertinentes para garantizar equidad en el reconocimiento de la ocupación a los beneficiarios y proceder a una titularización. La norma otorga el derecho a la tierra a quienes estuvieran instalados previamente y cuenten con documentos probatorios, aunque el trasfondo legal se remite a la reforma constitucional de 1994, que reconoció la preexistencia de los pueblos originarios y su derecho a la tierra. El marco normativo, en rigor, excede la legislación nacional, ya que existen tratados internacionales en el mismo sentido, y la problemática es de gran actualidad en todo el continente. El acceso a la tierra, visto desde el plano de los derechos humanos y de la identidad de los pueblos americanos, es un hecho de gran trascendencia en lo cultural, además de que en la práctica resuelve un drama diario a miles de personas amenazadas en un derecho esencial. La desaparición de Santiago Maldonado, por las circunstancias en que ocurrió, visibilizó en forma excepcional este drama, en lo que se refiere a la comunidad mapuche; aunque muchas otras comunidades, como los guaraníes Mbya de Misiones, igualmente, son beneficiarios de la ley. Hoy, cuando se espera lograr una tercera prórroga de la ley, se hace evidente que hay fuertes intereses, nacionales y extranjeros, contrarios a esta justa reparación. No es un dato accesorio o menor que, en el contexto de un intrincado debate, se haga visible en el mismo Sur argentino la entrega desmedida del territorio nacional a intereses económicos multinacionales.
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