La capital de la vecina Corrientes es epicentro de manifestaciones que exigen al Ministerio de Salud Pública que declare en emergencia sanitaria a zonas de fumigaciones, como Lavalle y Mburucuyá. En esas áreas ya se registraron tres muertes de niños por envenenamiento con agrotóxicos, ya sea debido a los efectos residuales como a una ingesta directa, como fue el último caso, de la niña Rocío Pared. La muerte de Rocío, después de haber consumido una fruta que había sido rociada por un agroquímico prohibido, no solamente produjo una justificada indignación, sino que volvió a poner en el tapete la necesidad de actuar con presteza y en forma efectiva contra el uso indiscriminado y son control de agrotóxicos en diferentes cultivos. Los niños Nicolás Arévalo y Carlos Rivero completan la infausta lista de víctimas fatales en Lavalle, en ambos casos, la causa de muerte fue probada y se abrieron, incluso, acciones judiciales pero sin resolución. Los manifestantes, en los últimos días, insisten en visibilizar esta problemática que afecta severamente la salud de la población expuesta, especialmente en la zona tabacalera y citrícola, donde el uso de pesticidas es habitual y las consecuencias se ocultan o disimulan. Varias entidades que impugnan el uso y el transporte de estos productos altamente tóxicos, reclaman que el Estado aplique medidas paliativas. Aunque el drama de los pueblos fumigados es una realidad en varios puntos del país, incluyendo a provincias como Córdoba, e incluso Misiones, la legislación lo registra sólo parcialmente, y las políticas de regulación son insuficientes cuando no inexistentes. En Corrientes, ante la falta de regulaciones, se reclama al gobierno la prohibición del uso y tránsito de pesticidas por el territorio correntino, como una medida urgente. Hasta la fecha, sin embargo, las autoridades no han considerado siquiera la propuesta. La muerte de Rocío, víctima de una práctica manifiestamente ilegal coloca entre la espada y la pared a la impasibilidad oficial. Resulta inconcebible que ante estos hechos de inusitada gravedad, el Estado permanezca ausente, dando un guiño de asentimiento a la ilegalidad y la irresponsabilidad social.
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