Señora Directora:? Desde hace al menos veinte años vengo escuchando una interminable polémica y reclamo de algunos sectores para que se dicten penas más severas para quienes comenten delitos contra las personas o los bienes de éstas. De alguna medida en épocas recientes este “reclamo popular” se reflejó en normativas que pronto demostraron su inutilidad y muy poco contribuyeron para combatir la inseguridad, que es la justificación para el reclamo de esos cambios. Nada han servido para corregir una epidemia de violencia que poco a poco se va generalizando.Ésta sirve además para transformar el Estado en policial que, como ha ocurrido ya en la Argentina y en otros países, más que para convertir la delincuencia ha servido para controlar y criminalizar la protesta. Como también para que el ciudadano común tenga que soportar abusos de aquellos que fueron puestos en la calle para su protección.Creo que en ese tema, la solución pasa por otro lado, siendo, quizás, su primer eslabón el de la efectiva aplicación de la normativa y penas ya existentes, porque si no se las utiliza sean más o menos severas igualmente las transforma en letra muerta. Sin olvidar, por supuesto, que el delito también tiene otros componentes como la marginación y exclusión social que son muy poco considerados a la hora de resolver políticas correctivas que no sean las meramente represivas; las que, insisto, son útiles para otros fines no tan loables.
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