Los funcionarios firmaron un documento elaborado en base a una reunión plenaria del pasado marzo, en el que se acordaron los contenidos de la propuesta, mediante la cual la Nación busca instalar nuevos y más estrictos parámetros en la gestión de las fianzas provinciales.El documento, que fue consensuado con los ministros del área de Economía y Hacienda de las provincias, define una serie de reglas de “buenas prácticas” de gestión que comprometen a los gobiernos provinciales a futuro. La relación con desbalances del pasado, en esta iniciativa, es tan clara como la vinculación con la preocupación que impera hoy respecto al creciente endeudamiento de las jurisdicciones provinciales, y de la propia Nación, que estimuló la toma de créditos tanto en el plano internacional como en el local.Las buenas prácticas, que se deberán debatir luego en el Congreso;?le pone un cepo al gasto al establecer que “el Gasto Corriente Primario de todas las provincias (y CABA en su caso) debe permanecer constante en términos reales hasta el año 2019 inclusive”. Las provincias que hayan alcanzado equilibrio fiscal podrán, sin embargo, tomar créditos y elevar el gasto, pero invirtiendo en “una mayor prestación de servicios sociales como salud, seguridad y educación”.Entre las reglas que se aplicarán destaca la limitación al empleo público, para lo cual “se establece que la planta de personal no deberá crecer por encima del crecimiento poblacional”. Un párrafo especial merece la regla número 3, que impone a los distritos “implementar políticas tributarias destinadas a aumentar la tasa de inversión y el empleo privado". Se pone el ojo en la fuerte presión fiscal actual, en tanto, al proponer “alivianar la carga tributaria”, bajando los impuestos más distorsivos de la actividad económica y “estableciendo niveles de imposición acordes con el desarrollo competitivo de las diversas actividades económicas y con la capacidad contributiva de los actores”. La creación de fondos anticíclicos en casos de crisis y el control estricto de los gastos en los últimos seis meses de gestión, definida como “rega de fin de mandato”, cierran el contenido central del acuerdo de reglas básicas firmado por los ministros provinciales .
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