La multitudinaria marcha federal docente que colmó la Plaza de Mayo, el miércoles pasado, en rechazo de la política de ajustes salarial de la gobernadora Vidal, se expresó con firmeza no solo por un aumento salarial digno, sino en defensa de una institución señera de la cultura de los argentinos, la escuela pública. El mismo día, en la plaza 9 de Julio de Posadas, se congregaron ocho gremios activos en la docencia misionera, que decidieron reclamar unidos de aquí en adelante, marcando a presión la política del Gobierno provincial para el sector, articulada a partir de la alianza política con el gremio mayoritario. Los manifestantes que se reunieron en la plaza misionera durante dos días, luego de haber realizado una marcha de tres jornadas desde Jardín América, liderados por el Frente de Unidad de Trabajadores de la Educación (Fute), no lograron su objetivo de ser recibidos por el Gobierno provincial, que se beneficia de la división gremial. Como en Plaza de Mayo, los docentes misioneros advirtieron sobre la importancia de que se convoque a paritarias nacionales, en las cuales el piso para la discusión no puede ser inferior al 35%. No por nada, en su intención de ajustar a como dé lugar los salarios docentes, el Gobierno nacional comenzó por desactivar la paritaria nacional, que se debía realizar antes de las provinciales. El objetivo que impulsa a establecer un piso de 18%, y que el presidente Macri desnudó con su frase “los que caen en la educación pública”, no es otro que desfinanciar a la educación pública, que desde los tiempos de Sarmiento y Nicolás Avellaneda es sinónimo de unidad nacional. La eliminación de la paritaria nacional, que frente a esta amenaza sienta un precedente regresivo, fue apoyada por los gobernadores por sus limitaciones a la hora de pagar sueldos. Lamentablemente, cuando se evita el diálogo y mandan las decisiones de corto plazo y los problemas de caja, se pone en riesgo el futuro de la educación, es decir, del país.
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