Entre las empresas instaladas en el polo tecnológico de Tierra del Fuego hay una fuerte preocupación por lo que consideran un alarmante incremento en el contrabando de celulares. La ciudad de Posadas es una de las puertas de ingreso, además de Puerto Iguazú y el Puerto de Buenos Aires. Se estima que cientos de celulares son vendidos por día en los comercios de electrónica de Encarnación (Paraguay) y que más del 90 por ciento de los compradores son argentinos.Federico Hellemeyer, presidente de la Asociación de Fábricas Terminales de Electrónica (Afarte), que nuclea a las firmas instaladas en el sur del país, confirmó a iProfesional que el ingreso de equipos de manera ilegal está creciendo a un ritmo alarmante, superior al 30 por ciento.“Estamos hablando, para todo 2016, de un volumen de 2,5 millones de celulares que están entrando al país de manera ilegal”, subraya. Para tener una noción de cómo fue avanzando el contrabando de los equipos de telefonía móvil, basta saber que el número computado para 2015 fue de 1,9 millones de unidades, mientras que en 2014 el registro fue de 1,5 millones. Sucede que cada aparato cuenta con un código, una suerte de “huella digital” que se activa en cuanto a un celular se le coloca el chip y comienza a funcionar. Así, al cruzar datos, esto permite saber si se trata de un equipo que fue producido en Tierra del Fuego, si fue importado legalmente y pagando los aranceles e impuestos correspondientes o si entró al país de manera irregular. “Esto significa no solo un perjuicio para las empresas que producen equipos y para el empleo vinculado con esta actividad. También es un problema para el Estado nacional, por los impuestos y aranceles que está dejando de recaudar”, apunta Hellemeyer. Para este año, desde Afarte están previendo alcanzar los 9 millones de equipos fabricados, cifra que eventualmente podría ampliarse en un millón si hacia fin de año se expande más la demanda del mercado interno. De cualquier modo, representa una importante baja respecto de los casi 12 millones de teléfonos que salieron de las plantas emplazadas en la isla en 2015. En base a estas proyecciones, esto implica que el negocio ilegal de los celulares, con 2,5 millones de aparatos, va camino a equivaler a un 30% de la producción nacional. Entrando en el detalle del negocio ilegal, se pudo saber que se manejan cifras millonarias: según datos de Aduana a los que accedió iProfesional, el valor unitario de todos los celulares que entran -de manera legal- al circuito de consumo, tanto nacionales como importados, es de u$s196. Esto implica que el negocio negro que se teje alrededor del contrabando se acerca a los u$s500 millones. Esto, sin contabilizar la posterior ganancia obtenida por el comercio minorista.
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