Las movilizaciones docentes que se suceden en el país en rechazo del ajuste en el sector, donde el Gobierno nacional pretende ceñir los incrementos salariales a un porcentaje cercano a la meta de inflación proyectada por el BCRA, de 17% para fin de año, aplicando un criterio “de caja” que se desentiende del impacto de la propuesta salarial en la economía familiar de los docentes, tienden a prolongar en lugar de resolver los conflictos. La intención de imponer unilateralmente un techo arbitrario a las paritarias no solo es contraria al espíritu de las negociaciones salariales dentro de un sistema que apunta a lograr consensos razonables y superadores de la ley del más fuerte que se impone en el mercado. La pretensión no parece congeniar tampoco, en este caso en particular, con la realidad del contexto económico. El propio argumento con el cual se busca imponer una pauta salarial que implica un fuerte recorte de la capacidad de compra de los salarios demuestra estar montado sobre una base endeble. Se pasa por alto que la adopción de un esquema de metas de inflación no es un acto meramente voluntarista, sino que debe inscribirse dentro de la convergencia de una serie de factores e indicadores económicos que, hoy por hoy, no están presentes en el fragmentario panorama de la economía nacional.Este jueves, el mismo Indec agitó el panorama, al dar cuenta de una aceleración en los precios en el mes de febrero, que llevó el índice mensual a un preocupante 2,5%; suba que según una entidad especializada, estuvo liderada por un avance de 8,4% en vivienda y servicios básicos por incremento de tarifas, y 1,9% en alimentos. Ambos rubros reportaron la mayor incidencia en el índice.Por el lado de la inflación núcleo, esta se aceleró a 1,8% desde 1,34% en enero, marcada principalmente por el avance de 5,2% en los precios de los bienes y servicios regulados. Como consecuencia de “la persistencia de la inflación núcleo”, el BCRA mantendría su sesgo contractivo en la política monetaria, anticipó la misma fuente. La señal que daría, de esta manera, la autoridad monetaria sería de prudencia ante un panorama que no convalida hasta hoy las metas pautadas y deja abierta una posibilidad de que la inflación al final del año, como ya ocurrió el año pasado, termine siendo sensiblemente mayor a la proyectada por el Gobierno. En un contexto económico pleno de dificultades como el actual, la insistencia en mantener deprimidos los salarios docentes da la impresión de que, como ya ha ocurrido más de una vez, se intenta usar los salarios del sector público como variable de ajuste, cuando deberían ser el caso testigo de un intento de mejorar los servicios públicos.
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