Señora Directora: El gobierno nacional afortunadamente dio marcha atrás con el anunciado recorte a la recomposición semestral de marzo próximo de los haberes de los jubilados y pensionados. Que si bien, en concreto, la cifra no representa un valor sustancial para cada perjudicado (son miles de millones para el Estado), si muestra un comportamiento de las autoridades nacionales que apunta a perjudicar aún más a uno de los sectores más débiles y relegados en el país. Ya en 2016 sufrieron una enorme pérdida del poder adquisitivo de sus ingresos que quedaron muy retrasados respecto a una inflación desbocada.A principios de la década del 2000 se tuvo un comportamiento similar para con los jubilados, cuando el gobierno del radical Fernando de la Rúa le hizo una quita del 13% a sus haberes (y al de todos los asalariados), colofón de la peor crisis económica de la historia argentina reciente. Se repite ahora, con el agregado que varios de los funcionarios que tuvieron esa deplorable intervención entonces vuelven a estar entre quienes buscan concretarla hoy.Resulta lamentable que durante décadas hayan sido los integrantes del sector pasivo quienes más golpes reciben en cuanto a sus posibilidades de supervivencia. Los fondos de las cajas previsionales (ahora unificadas) fueron siempre botín para los sucesivos gobiernos toda vez que sus fondos se utilizaron para cubrir los “baches” de su propia gestión, por incompetencia o para satisfacer ciertos intereses. Así, aunque no tan malo como ahora, también sufrieron una y otra vez esa rapiña con la restricción en las prestaciones del Pami o en la entrega de medicamentos por éste, justificados en la insensibilidad de los prestadores (servicios médicos y farmacias) esa propia inhumanidad del funcionario de turno.Durante la década pasada hubo un tímido intento de corregir esta injusta situación, pero desde la asunción de la actual coalición de gobierno (PRO, UCR y CC-ARI, más algunos otros partidos menores) esa situación va empeorando mes a mes. Y?con un condimento mucho más peligroso, la exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) de que se apliquen sus recetas económicas –recordemos los 80 y 90– que, entre otras cosas, prevé reducir la previsión social estatal a la mínima expresión y retornar al régimen privado con abultados beneficios para las empresas financieras que adopten ese negocio.Con ese antecedente que podemos anticipar de cómo terminará ese sistema.
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