El director de Defensa del Consumidor de la Provincia, Alejandro Garzón Maceda, analizó ayer con la Cámara de Comercio local los recaudos a tomar para la aplicación del programa de “Precios transparentes”, que lanzó a fines del mes pasado el Ministerio de Producción de la Nación.El funcionario consideró novedosa a la obligación que tienen desde ahora los comerciantes de informar debidamente al consumidor sobre el costo financiero total de las ventas; sinceramiento que según el Gobierno haría bajar los precios en un 20%, al menos, ya que aún en programas populares como Ahora 12 o Ahora 18 existen costos financieros ocultos.El intento de sincerar las ventas que se promocionan con el rótulo de “sin interés” sin serlo, se aseguraría con la aplicación de multas, previstas en la ley, a los comerciantes que no cumplan, y con un monitoreo del Estado, aunque en el caso de Misiones, Garzón Maceda aclaró que antes de sancionar se informará debidamente al comercio. Coincidentemente, el viernes la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) reclamó al Gobierno una campaña aclaratoria a causa de la confusión que genera la medida que “el 80% de los comercios Pyme no comprende ni sabe cómo instrumentarla”.La confusión reinante -advirtió la Came- genera altercados entre vendedores y clientes que perjudican a las pymes “que ya tienen como carga los aumentos recientes en las tarifas de luz, gas y combustibles y la caída en las ventas durante todo 2016”. En los primeros días de aplicación del Programa, por otra parte, en vez de bajas de precios hubo caída de ventas y subas en el precio final por abusos de los comercios, con lo cual se está lejos de lograr el objetivo buscado; probablemente porque se actuó con apresuramiento y un diagnóstico poco certero del contexto económico. La confusión generada sugiere que se improvisa sobre la marcha en un tema complejo, acotado por la caída del consumo y la incertidumbre a uno y otro lado del mostrador.
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