Sólo en lo que va de 2016, las defensorías oficiales de Posadas intervinieron en 7.168 expedientes de violencia familiar y de género, lo que da una idea de la dimensión del drama que viven miles de mujeres en el departamento capital. Si los datos se extienden a toda la provincia, el sistema informatizado del Poder Judicial dispara un número realmente alarmante. En los últimos diez meses, todas las dependencias de las cuatro circunscripciones judiciales intervinieron en 35.502 casos de violencia, un número que puede llenar siete veces el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez. “A la cifra redonda hay que hacerle una salvedad”, explica Marcelo Delgado, subsecretario técnico del área de informática del Poder Judicial: es muy probable que en un solo expediente intervengan dos, tres y hasta cuatro dependencias, según dónde se haya originado la denuncia. Puede haber surgido de un Juzgado de Paz, que luego le pasa el expediente al juzgado de familia que a la vez le da intervención al Juzgado de Instrucción Penal y a la defensoría oficial en turno, por citar un ejemplo. Por este motivo, el número que refleja los casos debe reducirse.“Nos hacemos cargo de la papa caliente”Aún así, cuesta imaginar las caras de las miles y miles de mujeres misioneras que sólo en el transcurso de este año decidieron que ya no chocarán con puertas, que ya no maquillarán el moretón ni volverán a creer que “las cosas van a cambiar”. Paradójicamente, cada número, con su respectiva historia detrás, se registró en forma contemporánea al fuerte reclamo de “ni una menos”, lo que conduce a las preguntas de rigor: ¿Hay más visibilización? ¿Más mujeres se animan a recurrir a la justicia, por lo tanto hay más confianza en la protección que puede dar el sistema? ¿Hay más hombres violentos? ¿Está la justicia a la altura de la demanda?Por ahora, las respuestas que puede ofrecer el Poder Judicial no dependen de las causas que derivaron en el hecho violento. “Nos enfrentamos al problema y tenemos que actuar de inmediato. Tenemos una Ley de Violencia que nos permite articular una batería de medidas urgentes y cautelares que las podemos ordenar nosotros y no requieren de ninguna burocracia. Nos hacemos cargo de la papa caliente. Hay que salvar la vida de esa mujer que se presenta a denunciar pese a todo lo que tiene en contra todavía”, grafica Adriana Fiori, la joven jueza de paz de Itaembé Miní, el gran aglomerado de viviendas del suroeste de Posadas en el que convergen y se profundizan dramas sociales de todo tipo. Cuando se refiere al contexto que debe sortear una mujer que denuncia, claramente hace mención al cóctel que mezcla la concepción machista de la mujer como propiedad del hombre, la dependencia psicológica y económica con el violento, la propia familia que a veces intenta amortiguar la gravedad de las agresiones y todo un sistema que por décadas guardó a la violencia de género bajo la alfombra, y que hoy da pasos concretos para cambiar. Jueces de Paz, los aliados La jueza Fiori, como varios de sus colegas, se tomó en serio la responsabilidad de ser receptores de las denuncias de violencia familiar, ya que tienen competencia específica desde hace dos años por imperio de la Ley, pero pocos y pocas saben que el Juzgado de Paz es el primer lugar que debieran tener presente cuando sufren una agresión. Después de participar del primer módulo del Foro de Políticas Públicas sobre Violencia de Género, junto con la ministra del STJ Rosanna Pía Venchiarutti, defensores oficiales, secretarios y jueces de familia y de juzgados de instrucción, técnicos de la secretaría de acceso a la justicia y del Centro de Mediación Judicial, los receptores del drama de tantas mujeres y sus hijos decidieron iniciar una campaña para que la gente se entere y ahorre pasos. Designaron a Fiori para filmar videos y grabar audios en el Centro de Capacitación Judicial que cuentan esta novedad y que se repartieron en canales y radios de toda la provincia. “Notamos un cambio pero esto es muy reciente. Antes no venía nadie y ahora llegan una o dos personas por día planteando alguna situación relacionada a la problemática”, se entusiasma. “Salvo en algunos casos en los que no encontramos a la víctima, porque la denuncia nos llegó por otro lado (vecinos, escuela), hemos resuelto la situación en un día”, agrega. El juez de Paz puede ordenar la exclusión del hogar y hasta la detención Paralelamente conformaron una mesa de articulación y capacitación. “En el Poder Judicial hace rato se trabaja en la problemática, pero ahora decidimos hacerlo muy articuladamente para que no se pierda de vista a la víctima desde que arranca su proceso hasta que puede superarlo”, explica Gustavo Adolfo Martínez, de la Secretaría de Violencia Familiar de la Oficina de Acceso a la Justicia, que ante la presentación espontánea también toman las denuncias, elaboran un informe de riesgo y orientan a la víctima sobre a dónde recurrir para salvaguardar su integridad y proteger a sus hijos. La capacitación busca “empoderar” a los 77 jueces de paz de toda la provincia que pueden ordenar, sin demoras de ningún tipo, la exclusión del hogar del violento, la asistencia inmediata del Ministerio de Desarrollo Social para la atención de los chicos, la determinación de alimentos provisorios, la provisión del botón de pánico o la aplicación de celular para notificar una posible situación de riesgo y hasta la detención del golpeador. “La prioridad es proteger a la víctima”“Cuando actuamos en casos de violencia no necesitamos comprobar nada, porque la prioridad es proteger a las víctimas. A las 48 horas pasamos el expediente al juzgado de familia o de instrucción penal correspondiente, pero según el caso, las medidas precautorias ya están tomadas y ejecutadas. Después, el juzgado interviniente determinará si las sostiene o las deja de lado, pero nosotros ya atendimos la urgencia para que esa mujer no esté en riesgo en las primeras horas posteriores a la denuncia”, explica Fiori. Su par, Juan Manuel Monte, es juez de paz de Fátima – Garupá, la zona “roja” de la violencia en el sur provincial. En este rol logró articular con la Comisaría de la Mujer para que le deriven de inmediato las denuncias por violencia que se recepcionan en la sede policial, sorteando así los tiempos de las fuerzas que no son los de las víctimas, ya que las notificaciones, las comprobaciones, las citaciones, las órdenes de arresto, tardan bastante más y cada hora que pasa desde la denuncia, aumenta exponencialmente los riesgos. En las localidades más chicas Graciela Molinas es secretaria de inspección de la justicia de paz y también está enrolada en la tarea de articular. “En las localidades pequeñas del interior el juez de paz es el que conoce a todos los vecinos. Es el que sabe las circunstancias de la vida de los habitantes de su pueblo y en muchos casos, es
la única cara visible de la justicia. Son los que más contacto tienen con la comunidad y tienen que tener la valentía de actuar con las herramientas que tienen por Ley”, explica. Para eso los están capacitando. Todavía son pocas las mujeres que van espontáneamente a los Juzgados de Paz para hacer las denuncias de violencia (la mayoría sigue recurriendo primero a las comisarías, a las líneas 102 y 137) y la meta es que la reacción se desburocratice. Las estadísticas, de a poco, van mostrando esta vuelta de tuerca: el Juzgado de Paz de San Pedro, por ejemplo, intervino en 148 casos de violencia familiar en lo que va del año.“La posibilidad de recurrir al juzgado de paz también posibilita que la víctima no ande rebotando de un lado a otro cuando decide romper el silencio. Todavía se dan casos de mala información, que les dicen que no pueden tomar una denuncia porque sólo se hace en la comisaría de la mujer, o que tiene que ir al juzgado de instrucción, lo que en muchos casos implica viajar. Esto no es así y por eso tenemos que empeñarnos en difundir”, agregan. “Siempre la víctima está en situación vulnerable”Toda articulación que se programe, toda respuesta organizada y las campañas de información deben remar contra realidades que son durísimas en torno de la violencia familiar y de género, y que si se imponen, terminan cerrando el círculo de violencia, que es cuando la mujer decide volver con el agresor. “Salimos a salvar la urgencia, pero no es la solución definitiva. Hay una cuestión de fondo que debe estar atendida y que depende de cuestiones posteriores (la posibilidad de acceder a un tratamiento para la víctima y sus hijos, la posibilidad de que tenga cómo sostenerse económicamente) y anteriores, que básicamente son los cambios culturales que tenemos que incorporar todos. Desde no decirle a la hija que hay cosas que no puede hacer porque es mujer, que los problemas “de pareja” deben quedar entre las cuatro paredes, que las víctimas tengan ayuda para no caer en la dependencia del único aportante, que la familia no la aísle”, reflexiona la jueza de paz, Adriana Fiori. La defensora oficial Griselda Barrionuevo va más allá y dice lo que a muchos les cuesta escuchar: “El verdadero cambio de paradigma para nosotros es que se incorpore la perspectiva de género en el proceso judicial”, dispara la profesional que sólo en los últimos diez meses tuvo que llevar adelante 1.200 expedientes representando a las víctimas en diferentes procesos. “Siempre la víctima está en una situación vulnerable y esto hay que incorporarlo al trámite judicial. Así como nos costó entender en el derecho laboral que el trabajador es siempre la parte más débil, hay prácticas que se tienen que cambiar en la atención judicial de la violencia familiar y de género. Al comienzo, cuando se trataba esta problemática, los jueces no se animaban a dictar medidas más allá de la protección psicofísica de las personas. Todo aquello que la Ley de Violencia establece, que son alimentos provisorios, guarda de los chicos, devolución de bienes personales, no tener que cruzarme con el agresor, quedaba para después. Este después hace que se cierre el círculo de la violencia, porque la mujer se separa, se excluye al violento, pero al no tener la contención económica y a veces ni siquiera contención familiar, vuelve con el agresor”. Para la defensora, desde ese primer momento hay que darle a la mujer las herramientas, “incluso al abogado que va a venir a defender al excluido porque viene y plantea la situación como si fuera un desalojo, y pide determinadas cosas y entorpece el procedimiento, y no se da cuenta de que estamos hablando de una cuestión totalmente distinta, que nada tiene que ver con un expediente patrimonial o de derecho de propiedad. Todavía hay jueces que tienen reparos en actuar de acuerdo a la Ley de Violencia y se resisten a dictar medidas cautelares urgentes en este sentido, muchos tienen miedo de los planteos de los abogados y lo tengo que decir. Tenemos que rearmar el fuero de familia así como en su momento rearmamos el fuero penal”. La defensora insiste que es necesario un cambio de conductas puertas adentro de los juzgados. “Cuando una mujer llega al punto de denunciar malos tratos y exponer ante la sociedad esta situación tan íntima, es una situación límite. Es terrible que tenga que revertir todo ese camino andado. Por eso es importante que todos los actores entiendan que un expediente de violencia no es nada de lo otro. El verdadero desafío es que todo el Poder Judicial lo entienda”. Informatización y carenciasLa digitalización que avanza en el sistema judicial misionero también ayuda en esta problemática. De hecho, en la consulta al sistema muchas veces surge que la denunciante trae detrás una historia de terror que está plasmada en los expedientes y denuncias anteriores. “Todas las causas están digitalizadas en diferente medida dependiendo del fuero. Se arrancó con los expedientes de los juzgados de familia justamente por la sensibilidad de las problemáticas. Se siguió por el fuero penal y se avanzó en justicia de paz y civil y comercial. Hoy tenemos prácticamente toda la primera instancia subida a la plataforma del sistema. Es una gran base de datos que posibilita que con sólo poner el DNI salte el historial y el juez que interviene tenga una mayor claridad respecto de las medidas que tiene que ordenar”, confirma Marcelo Delgado. Pese a estos avances, los problemas de conectividad todavía persisten. Hay localidades que no tienen internet, y hasta escasa señal de celular. La secretaría informática del Poder Judicial también le provee a los jueces del software para bajar en los celulares de la víctima una aplicación antipánico que le permite activar la alarma cuando hay peligro de agresión. Hay 390 celulares en la provincia con la aplicación instalada, cuya alarma suena en el 911 y en la línea 137 con la ubicación georeferencial de la víctima. El alerta impacta también en el expediente y queda registrada en el sistema estadístico. El problema es que no todas las víctimas tienen celulares con android para usar la aplicación, por eso, en casos como éstos, debería masificarse el uso del botón antipánico que provee el Ministerio de Gobierno, y que funciona como la alarma del cierre centralizado de los autos. Nuevamente en estos casos, la falta de conectividad, de señales adecuadas de telefonía y las distancias juegan en contra. Qué dice la leyLa ley de violencia familiar XIV – Nº 6 (antes Ley 3.325) está vigente en Misiones desde 2014, y entre otras cosas establece en su artículo 4to que el juez interviniente (de familia, de paz) tiene la potestad de dictar en forma urgente las siguientes medidas cautelares, las que “deben ser ejecutadas inmediatamente”: ordenar la exclusión inmediata del/la agresor/a de la vivienda donde habita el grupo familiar y ordenar el cese del deber de convivencia; prohibir el acceso o presencia del/la agresor/a al domicilio del damnificado/a, los lugares de trabajo o de estudio o a determinadas áreas de concurrencia o de circulación de la persona afectada, asimismo, arbitrar los medios nec
esarios para que el agresor/a cese con todo acto de perturbación o intimidación contra las víctimas; ordenar el reintegro al domicilio, a petición de quién ha debido salir del mismo por razones de seguridad personal y disponer en forma inmediata la exclusión, en tal caso, del /la agresor/a; decretar provisoriamente alimentos, para lo cual se abrirá una cuenta bancaria donde se deben realizar los depósitos correspondientes. Si el alimentante trabajara en relación de dependencia, el juez de oficio o a pedido de parte, ordenará los descuentos respectivos de su salario, la entrega del carnet de la obra social y fotocopia autenticada del recibo de sueldo que acredite su actualización de validez mensual; establecer el régimen de tenencia o guarda que garantice el derecho de comunicación con los hijos, si así corresponde; adoptar las medidas destinadas al resguardo del patrimonio común o personal de los afectados, como asimismo, la restitución inmediata de los efectos y documentaciones personales a la parte peticionante, si ésta se ha visto privada de los mismos por hechos de violencia familiar; adoptar todos los recursos para que los niños, niñas, adolescentes, ancianos y discapacitados permanezcan en su ámbito familiar fuera del contacto con quien ejerce el maltrato; ordenar todas las diligencias que considere pertinente para salvaguardar la integridad psicofísica de las personas afectadas.
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