El integrante del Tribunal Penal Nº 1 de esta localidad, Martín Errecaborde, presentó una denuncia contra el presidente del Iplyc, Eduardo “Balero” Torres por la muerte de dos caballos en una carrera ocurrida el domingo 9 de octubre en el hipódromo de Posadas.La presentación -a la que accedió en exclusiva PRIMERA EDICIÓN- fue radicada en la Fiscalía de Instrucción 3, a cargo de Adriana Herbociani, solicitando que se aplique “la sanción máxima que establece la ley” por los hechos previstos en el artículo 2, inciso 5, de la ley 14.346, “que castiga a los que emplearen actos de maltratos y crueldad contra animales”.En aquella fecha, en el hipódromo General Belgrano de Posadas, “se produjo la muerte de dos caballos que participaron de las carreras, como consecuencia de la posible utilización de sustancias estimulantes, cuyo uso está absolutamente prohibido en la actividad de los hipódromos que merecen tal nombre”, describe Errecaborde. Por más que se hayan hecho desaparecer los cuerpos de los animales, “tal acto constituiría un grave indicio de cargo contra los responsables”. Además del titular del Iplyc, por ser auspiciante del evento, la denuncia incluye a “los propietarios de los caballos, sus entrenadores, los veterinarios que pudieron haber intervenido en el doping, las autoridades del Jockey Club, que aparentemente organizó el evento”.El magistrado se considera “burrero” pero no timbero y afirma que “vengo de una familia que siempre tuvo caballos de carrera” y recuerda que su padre fue uno de los fundadores del Jockey cuando “era un deporte de caballeros”. “Cuando esta labor la realizan y manejan los que sólo persiguen fines de lucro, el turf pierde su naturaleza y el hipódromo se convierte en un garito donde todo vale, siempre que sirva para ganar dinero”, advierte Errecaborde.Además destaca que el doping ha sido una preocupación en todo el mundo y por esta razón los hipódromos de Palermo, San Isidro y La plaza tienen una lista de sustancias prohibidas y es merecedor de severas sanciones quien las utilice.Para que esto pueda realizarse hace falta un laboratorio que analice la sangre de los caballos que compiten, a fin de determinar si hubo uso de sustancias. Esto, por supuesto, no existe en Posadas “que es lo mismo que decir que está permitido inyectarle al caballo que va a correr cualquier droga que se considere estimulante, hasta el límite de causarle la muerte, sin que nadie se haga cargo de esta repudiable conducta y que ha configurado un delito”, señaló el juez.“Si no existe la infraestructura necesaria, lo lógico sería que la carrera no se realice, porque de lo contrario se está estafando al público apostador y llevando al caballo -irresponsablemente- a sufrir graves lesiones y aún la muerte”, remarca el denunciante. Por último, el magistrado denunciante señala que desde niño concurre a carreras y nunca vio morir un caballo “así que imagino lo que habrá sido para los espectadores ver morir dos el mismo día”.“En definitiva, todo es irresponsabilidad y mala fe, y como esto configura la comisión de un delito, solicito a la fiscal se investigue exhaustivamente”, finaliza la denuncia.
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