Cuando llueve en abundancia, el arroyo Yabotí crece por encima del puente de acceso al Parque Provincial Moconá, impidiendo el acceso o la salida del mismo. Ese puente es la única vía que conecta el parque con el resto de la provincia. En promedio, se encuentra noventa días al año totalmente intransitable y los guardaparques quedan aislados.El Ministerio de Ecología impulsa un proyecto de construir un camino atravesando el Parque Moconá, para unir la ruta 2 con el Lote 8, pero usando ese puente como única alternativa de ingreso. Dicen los funcionarios que es una manera de facilitar un camino a las comunidades originarias que habitan el Lote 8 y se encuentran casi aisladas. Pero también hay otro interés: el camino beneficiaría a un emprendimiento turístico de lujo, a construirse en el mencionado lote.Amplios sectores de la comunidad se oponen a este proyecto y defienden una alternativa superadora, elaborada y propuesta por la Asociación de Guardaparques de Misiones (Agumis) que no causaría el daño ambiental de afectar la reserva natural protegida del parque.Este proyecto, al evitar el daño ambiental en el Parque Moconá, se adecua a la legislación vigente.La propuesta se basa en la utilización de un camino forestal de seis kilómetros de longitud, que une la ruta terrada que pasa por puente López (Nº2 ) y el acceso asfaltado a Moconá y que en la actualidad se suele ocupar para actividades de turismo aventura, que con una mínima inversión permitiría el tránsito con cualquier tipo de vehículo durante todo el año. Este camino permite además acortar en doce kilómetros la distancia que tienen que recorrer actualmente las comunidades para acceder a la ruta asfaltada, además de permitir la salida a las comunidades con mayor seguridad al no depender de las crecientes del arroyo Yabotí.Además, los guardaparques revelaron que esta iniciativa vino de la mano de un prestigioso cacique Mbya, Cándido Benítez, quien también es Murubychá y Opiguá (chamán) de la comunidad Kuri, quien decidió vivir en aislamiento voluntario junto a su comunidad, en un lugar dentro del Parque Esmeralda, que para llegar al mismo hay que cruzar el arroyo Yabotí.Este camino ya está abierto y lo utiliza una empresa forestal que opera en la zona.Representaría una solución definitiva para el acceso al Lote 8, sin tener que utilizar el puente del arroyo Yabotí. Pero además, sería una nueva opción de salida para los guardaparques en caso tener una emergencia y encontrarse el puente desbordado por el agua.Desde hace dos años, el Ministerio de Ecología a cargo primero de Viviana Rovira y ahora de Verónica Derna, insiste con la posibilidad de abrir un camino en el área protegida, sin tener en cuenta esta alternativa superadora propuesta por los guardaparques. Esta actitud hace sospechar de que existen otros intereses detrás del plan oficial.Con la idea de aprobar su proyecto, el Ministerio convocó a una irregular audiencia pública el próximo 7 de septiembre en Aristóbulo del Valle.Guardaparques ya anticiparon que impugnarán la audiencia porque no fue bien informada en los medios de comunicación, no se otorga detalles de los proyectos en cuestión y se realiza a casi 200 kilómetros de distancia del lugar afectado.Las principales organizaciones no gubernamentales expresaron su postura contraria a este proyecto de Ecología, entre ellas se puede nombrar a Fundación Vida Silvestre Argentina, Conservación Argentina, el Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (Ceiba), Aves Argentina, la Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza, Fundación Huellas para un Futuro y Banco de Bosques.Es que la apertura del camino tal como lo propone la Alianza (integrada por las comunidades aborígenes, la empresa Laharrague, una empresa de Inglaterra y una fundación de Buenos Aires) que apoya la ministra, desemboca en el corazón de un proyecto turístico privado (200 hectáreas de la empresa Puerto Laharrague) y daña la flora, fauna e incluso implica la destrucción del tapé (camino), la vía que utilizan históricamente los nativos. En contra de esta iniciativa, la comunidad y organizaciones sociales, ambientales y políticas convocan a la población a concurrir el 7 de septiembre a la audiencia pública a manifestar su firme rechazo.
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