La Cámara de Empresarios Misioneros del Transporte Automotor de Pasajeros (Caemtap) denunció que el director general de Transporte de la provincia, Mauricio Castillo, pretende dar de baja todos los servicios interurbanos de la provincia para volver a otorgarlos, sin que exista “ni justificativos ni necesidad” de revocar los permisos para explotación de las distintas líneas y recorridos. En el marco de este “barajar y dar de nuevo” que habría iniciado el funcionario provincial, “ya otorgó cien servicios en cinco meses, de los cuales noventa y dos fueron otorgados de forma experimental a una sola empresa”, advirtieron. La maniobra de dar de baja los servicios para volver a otorgarlos, además pone en riesgo la percepción de los subsidios al gasoil, ya que desde 2012 las empresas dadas de baja no pudieron recuperar el beneficio aún cuando volvieron a brindar la misma prestación. “No podemos dejar de preguntarnos cuál es el interés real del funcionario y bajo qué criterio de distribución se maneja con la excusa de renovar servicios” , señaló el apoderado de la Cámara, Juan Manuel Fouce. Sobre todo porque “no hay necesidad de dar de baja las concesiones para volver a otorgarlas, ya que esto sería simplemente generar gastos a las empresas”, agregó. Y con suspicacia se preguntó: “quién sabe qué otros intereses habrá”. Subsidios tambiénLa Caemtap se encuentra en alerta ya que además de pretender revocar los permisos y volver a otorgarlos, en sus declaraciones mediáticas el funcionario expuso su intención de redistribuir los subsidios de gasoil que cada firma recibe desde la Nación. “Esta intención rebalsa claramente los límites de la jurisdicción provincial, pero igualmente preocupa que ante el claro desconocimiento sobre la materia que demuestra el funcionario, termine generando trastornos en la llegada del subsidio de gasoil. Tiene que quedar en claro que sin ese subsidio no podrían funcionar las empresas que explotan servicios interurbanos”, aclaró. Con este panorama, las empresas de transporte “se encuentran en una situación peor a la vivida con el exdirector de Transporte ‘Chito’ Miranda”, agregó Fouce, haciendo un paralelo con la “nefasta” gestión del exfuncionario denunciado públicamente por presuntas irregularidades, como la “negociación” de permisos, modificaciones de horarios, nuevas frecuencias y prolongaciones. “La Cámara de Transporte está en total desacuerdo con el plan de renovación y reotorgamiento de servicios y subsidios. No hay política social ni de transporte en esto, no hay protección de la inversión privada”, agregó el referente de la organización que nuclea a casi medio centenar de empresas de media distancia de la provincia. Fouce recordó que en lugar de provocar este estado de incertidumbre para genuinos dadores de puestos de trabajo pese a los avatares de la economía, “El Estado debería asegurar la rentabilidad de las empresas como dice la Ley de Transporte, toda vez que éstas generan no solo los puestos de trabajo sino también ingresos para la provincia”. Manejos poco clarosEn marzo pasado, las empresas ya habían advertido su oposición a declaraciones públicas del mismo funcionario que pretendía imponerles la contratación del cuestionado “Sube misionero” como condición para aplicar el Boleto Educativo Gratuito (BEG) y cobrar el aporte del Estado para sostener el beneficio.Según habían señalado los empresarios, se oponían a que los obliguen a ser auditados por una firma privada (Servicios Urbanos SA) que se armó con fondos de las empresas Casimiro Zbikoski, Nuestra Señora del Rosario y Tipoka, y que a la vez cobraría una “comisión” del 10% de la recaudación por ventas.
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