El anuncio de pronto envío de los pliegos para cubrir las dos vacantes de ministros en el Superior Tribunal de Justicia, realizado por el gobernador Hugo Passalacqua en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, generó expectativas en el ambiente judicial y el político, donde se esperaba la confirmación de los nombres -que ya circulaban extraoficialmente y que se ratificaron este martes- para analizar sus pliegos, antecedentes y trayectoria.Un referente de los abogados misioneros, Rodrigo Bacigalupi, que fue presidente del Colegio de Abogados de la Provincia, indicó que “el mecanismo de selección de jueces va a funcionar siempre y cuando se elijan jueces independientes”.“En todas las últimas decisiones se han designado a personas cercanas al riñón político de renovación, por eso creo que sería un gesto adulto del Gobernador, que recién inicia su gestión, designar a ministros independientes que hayan acreditado en su vida dicha independencia. No así, a quienes durante el transcurso de su vida y trayectoria han demostrado absoluta dependencia y cumplimiento de las órdenes emanadas desde el poder de turno”, agregó.Señaló que “el mecanismo de selección de jueces establece un criterio que le permite al Gobernador enviar los pliegos para ministros del STJ sin pasar por los exámenes del Consejo de la Magistratura. Este mecanismo no sería cuestionable si se eligieran personas independientes, pero se empaña cuando los designados no lo son”. Passalacqua no dio nombres al respecto en su discurso del Primero de Mayo, pero en el ambiente político se daba por hecho que los pliegos serían los de la jueza Rossana Pía Venchiarutti y Cristian Marcelo Benítez, como finalmente quedó confirmado este martes. La primera es vocal de la Cámara de Apelaciones. El segundo es abogado y durante los últimos cuatro años fue secretario del Superior Tribunal de Justicia, donde tuvo acceso a la administración y manejo de los expedientes más “calientes” así como otros de menor relevancia.Audiencias públicasDesde la abogacía y desde los sectores de la oposición se reclama desde hace un tiempo que el Gobernador se autolimite en sus facultades para elegir a los aspirantes a jueces y que pasen por los exámenes del Consejo de la Magistratura, al igual que el resto de los candidatos. También se pide incorporar las audiencias públicas, en el ámbito de análisis de los pliegos en la Legislatura, con la intención de garantizar así mayor “transparencia y participación ciudadana en el proceso”.“El procedimiento de audiencia pública para el otorgamiento de acuerdos legislativos para el nombramiento de magistrados y funcionarios propuestos por el Poder Ejecutivo, regulado por los artículos 47 y 70 bis del Reglamento de la Cámara, no comprende a los ministros del Superior Tribunal de Justicia, al Procurador General ni al Fiscal de Estado. Es una excepción que no contribuye en modo alguno al principio de publicidad que debe enmarcar a todos los actos de un gobierno genuinamente republicano”, señala un proyecto de ley presentado recientemente por la oposición.
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