PUERTO RICO. La Justicia avanzará sobre los policías que, directa o indirectamente, plantaron la pista que involucró al hijo del juez Éctor Acosta en la causa que investiga el crimen de Angélica Ramírez, de catorce años, asesinada a golpes la noche del 26 de septiembre pasado.El cuerpo apareció al día siguiente a un costado de la calle Pionero Kuhn, a unos doscientos metros del nuevo acceso a Puerto Rico.La orden de investigar a los uniformados partió de la jueza Laura Marcela González, de Jardín América, quien se hizo cargo de la causa después del apartamiento de los magistrados Éctor Acosta, Rubén Lunge e Itálico Lirussi.González dispuso remitir una copia de las actuaciones a la fiscalía de instrucción de Puerto Rico para que proceda a la apertura de una causa contra los uniformados que intervinieron, directa o indirectamente, en la maniobra.En un principio, están sospechados de desviar y entorpecer la investigación. La Justicia intentará determinar con qué fines y quiénes fueron los autores materiales e ideológicos.“La pista falsa” que involucraba al hijo del juez Acosta fue introducida al expediente a través de la declaración de dos policías, quienes aseguraron, al menos en un principio, que recibieron el dato a través de “un llamado telefónico anónimo”, perteneciente a una voz femenina.Un proceder poco serio y menos aún creíble para una causa de una gravedad estremecedora, que sacudió y movilizó a la comunidad de Puerto Rico.Fuentes consultadas indicaron que no es descabellado pensar en que el otrora jefe de la Unidad Regional IV, comisario mayor Roberto Bernal, deba pasar por los estrados judiciales para aportar todo lo que sabe.Como informara este diario oportunamente, todo se produjo en el ámbito de una feroz interna policial y de la mala relación, al menos de una parte, de la Policía de la UR IV con el juez de Instrucción 1, Éctor Acosta.La misma especie indicó que la acusación contra los uniformados podría oscilar entre las figuras de falso testimonio, incumplimiento de los deberes de funcionario público y hasta entorpecimiento de los deberes de la Justicia. Los entendidos señalaron un factor clave en esto: determinar si los policías posicionaron “la pista del juez” de motus propio o por orden de un superior. El perfilFuentes vinculadas con la investigación indicaron que el único detenido en la causa, ahora procesado por un delito que podría llevarlo a la cárcel por los próximos 25 años, es una persona de fuerte personalidad “que no se banca las frustraciones”.Ese perfil, sumado a otras aristas de un hecho excesivamente complejo, acentuaron las sospechas sobre el panadero de 51 años.Hay testigos, cuyas declaraciones habrían sido agregadas al expediente, que aseguran haber escuchado, de boca de la víctima, que conocía a un “viejo” que iba a pagarle la fiesta de quince años.Su personalidad es otro indicio orientativo que se suma a elementos de mayor contundencia, como el resultado positivo de la prueba de ADN, las huellas de zapatillas encontradas al lado del cuerpo de la víctima, curiosamente muy similares a las del sospechoso, los rasguños que tenía en la parte superior del brazo derecho y los testigos que aseguran haberlo visto en el escenario del hecho. Revelan maniobra de ocultamientoLa causa por el robo de más de mil kilos de marihuana de la comisaría seccional Primera en esta localidad sigue viento en popa en el Juzgado Federal. En paralelo, trascendieron aristas vinculadas con las primeras horas del escándalo que involucró, una vez más, a la Policía local.Entre otras cosas, se supo que, en el inicio de la pesquisa, en los primeros hubo contactos entre las más altas esferas de la UR IV con el juez de Instrucción 1 de Puerto Rico, Éctor Acosta, para que este se hiciera cargo de la causa y posicionara la teoría de que la detención de un oficial de Policía con 123 kilos de cannabis sativa, registrada el lunes 3 de septiembre, había sido obra de la misma fuerza de seguridad provincial.Nada más lejos de la realidad. Primero y principal, porque el uniformado fue detenido por una patrulla de Prefectura Naval Argentina.Segundo porque, para cuando pidieron ayuda a Acosta, la causa ya estaba en manos del Juzgado Federal de Eldorado, a cargo del magistrado subrogante José Luis Casals.Y tercero, porque, como publicó este diario, la UR IV había sido advertida de que se estaba robando marihuana en la comisaría seccional Primera y nadie movió un dedo.La tonelada sustraída de esa dependencia, cuyo destino es un misterio, fue alojada en ella después de un procedimiento efectuado en Ruiz de Montoya, donde se incautaron 4.200 kilos de esa sustancia.
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