BRASILIA, Brasil (AFP-NA). “Vamos a permanecer, si los pistoleros quieren atacarnos, moriremos en sus manos por nuestra tierra”, advirtió en una entrevista a la AFP Lider Solano Lopes, representante de la comunidad guaraní-kaiowá de Pyelito Kue, que reclama sus tierras ancestrales en Mato Grosso do Sul (centro-oeste de Brasil).Una carta de esta comunidad -en la que sus 170 mujeres, hombres y niños se declararon dispuestos a una “muerte colectiva” antes que abandonar sus tierras ancestrales- puso en evidencia la dramática situación en la que viven parte de los 45.000 indígenas de la etnia guaraní-kaiowá en ese estado brasileño.Las familias de Pyelito Kue, cansadas de esperar hacinadas en aldeas y campamentos al margen de carreteras a que el Gobierno devuelva sus territorios, decidieron hace un año instalarse en parte de esa tierra que reclaman, ubicada a casi 500 kilómetros de la capital del estado. “Tenía cuatro años cuando nos expulsaron de nuestra tekohá (tierra ancestral)”, hoy ocupada por 18 haciendas, explica Lider, que tiene 44 años y quiere esas tierras de vuelta para su comunidad.Representantes y líderes guaraní-kaiowá de Mato Grosso do Sul denunciaron esta semana en Brasilia la situación, que se repite en decenas de territorios del estado que los indígenas reclaman.“El Estado nos expulsó para entregar nuestras tierras a los productores rurales y la Constitución de 1988 definió que nos las devuelvan, pero ese proceso tarda décadas”, dijo a la AFP Otoniel Guaraní, otro líder de la región.“Mato Grosso do Sul tiene la segunda mayor población indígena de Brasil y la peor situación de tierras indígenas demarcadas”, denunció Flavio Vicente Machado, coordinador regional del Consejo Misionero Indigenista, vinculado a la Iglesia Católica.“Es alarmante la situación de confinamiento de los guaraní-kaiowá hacinados en aldeas y reservas, sufren un índice de homicidios nueve veces mayor que la media nacional, la esperanza de vida es de menos de cincuenta años, la malnutrición infantil es altísima y el nivel de suicidios alarmante, uno por semana en la última década”, añadió.Una comisión de la Cámara de Diputados visitó el área a fines de 2011 y denunció la violencia: “Los pistoleros (hombres armados a sueldo hacendados) promueven un etnocidio kaiowá”.





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