El crimen de Pablo Fraire, en noviembre de 2002, marcó un antes y después en muchos aspectos para la sociedad misionera. Provocó la aparición de una asociación que nucleaba a los familiares y allegados de personas fallecidas en episodios violentos que permanecían impunes; impulsó la capacitación del personal policial para la investigación de crímenes complejos (así surgió la División Homicidios, por ejemplo); y la pelea por introducir en el proceso la figura del querellante en materia penal. La lucha por este último punto tuvo recién diez años después el paso firme hacia su concreción: el jueves se aprobó en la Legislatura la modificación por enmienda constitucional del artículo 21 de la carta magna provincial, que incorpora la figura del querellante particular. El año que viene, en las elecciones legislativas, deberá ser sometida a referéndum. “La querella es un acto de ejercicio de la acción penal mediante el cual el querellante (persona ofendida por un delito o sujeto del derecho con capacidad necesaria), asume la cualidad de parte acusadora a lo largo del procedimiento con participación activa en el proceso”, se detalló sobre el particular.La incorporación de la figura es, sin dudas, la ley más importante del año legislativo que acaba de finalizar, período que deja algunas cuentas en la columna del debe, como el tratamiento de la nueva ley provincial de educación y la modificación del funcionamiento del Consejo de la Magistratura en cuanto al puntaje mínimo que tienen que tener los postulantes y a la posibilidad de dejar desiertos los concursos en caso de que quienes participen no logren ese puntaje mínimo.Un párrafo aparte merece el voto optativo a los 16 años, que también se hizo ley en la última sesión. El tiempo dirá si como afirman los argumentos de la norma tiene sustento en el escenario actual en el que la juventud necesita mayor participación en la vida política nacional o si solo se trata de una movida oportunista para llevar mieles al oído de la administración nacional.Quietud aparente Como sucede desde 2010, no está previsto que haya sesiones extraordinarias. Esto es el reflejo de un estado de quietud que muestra la política vernácula, que se ve sacudida de manera espasmódica cuando los roces entre los integrantes del oficialismo dejan las charlas de café o las oficinas para corporizarse en cruces o pases de factura públicos. O con actitudes como la de la presidenta del Concejo Deliberante de Posadas, Maggie Solari, que pretende manejar los tiempos del cuerpo como se le antoja, desdeñando lo que le aconsejan sus pares y, peor aún, sin atenerse a lo que establece la Carta Orgánica. Es lo que sucede con el tratamiento del presupuesto municipal, sin ir más lejos.O con reacciones esporádicas de la oposición. Aunque el no oficialismo también está entrampado a veces en sus propias redes. Un caso es el del radicalismo, que puede transformar una simple conferencia de prensa en un cataclismo y desnudar las desavenencias entre quienes conducen los destinos del centenario partido en Misiones y el bloque que representa a sus afiliados en la Cámara. Pasó esta semana cuando los tres legisladores de la UCR convocaron a la prensa para repasar lo más importante de su labor en 2012 y omitió invitar a las autoridades partidarias. En el Comité Provincia el “olvido” no pasó desapercibido y se lo relacionó con la sugerencia de acompañar de manera crítica la Ley de Presupuesto, que el bloque terminó rechazando.Menos visible, pero más dramático, es el cada vez más congelado PJ misionero, donde los aspirantes a reanimarlo solo pelean por el aval nacional a su estrategia y le prestan poco y nada de atención a los hechos concretos para devolverle vida y protagonismo al partido. Hoy el afiliado raso siente nostalgia y ve un panorama oscuro. Los supuestos referentes no mueven las agujas de adhesión y cobra cada vez más fuerza la colonización renovadora del partido.Mazazo y más intervenciónA nivel nacional, el escenario dejó más tela para cortar. La administración kirchnerista tiene un ojo puesto en las elecciones legislativas de medio término y el otro en los trajines propios de la gestión. De momento, los principales inconvenientes surgen más del ímpetu de sus acciones que de una férrea postura de la oposición, que sigue sin mostrar carnadura, salvo algunas excepciones.Al mazazo que significó la retención de la fragata Libertad en un puerto ghanés, a instancias del reclamo de un fondo buitre, se sumó esta semana el fallo de un tribunal de alzada neoyorkino, que ratificó una resolución de primera instancia en la que se sostenía que los bonistas que no habían entrado en el canje de deuda en default habían sido “discriminados” y dispuso que se establezca un plan de pago para las indemnizaciones que reclaman.El caso Libertad entró en una nebulosa. Con los marinos repatriados y la denuncia en la ONU, la estancia del buque insignia en las costas de África se vislumbra de largo aliento. De este lado del Atlántico, completa el inédito escenario generado por la decisión de la Justicia de Ghana el llamativo silencio de las naciones vecinas, que no se han pronunciado acerca del reclamo argentino, salvo algunas excepciones, como Chile y Brasil.El conflicto de la fragata no hizo que la administración nacional desatendiera sus movimientos tendientes a profundizar la intervención del Estado en algunas áreas. Tal fue el caso del bursátil, donde se anunció un proyecto de ley para que la Comisión Nacional de Valores sume un poder inusitado a la hora de controlar las operaciones. De aprobarse la norma, la CNV podrá intervenir en forma directa sobre las firmas cotizantes y aplicar sanciones antes de iniciar investigaciones. También se modifica el ámbito de apelación: pasaría del fuero comercial al contencioso administrativo. La iniciativa desató incertidumbre en la tradicional Bolsa de Comercio, pues no queda en claro dónde se situará en medio de la nueva legislación. Repercutió, asimismo, en las operaciones posteriores al anuncio.También habrá cambios en el rubro de las aseguradoras. Para mayo del año que viene, deberán reinvertir unos 7.000 millones de pesos en proyectos productivos y obras públicas. El anuncio vino de parte del ministro de Economía, quien detalló que se ejecutará tras las modificación de la legislación actual.El Gobierno se esmera en mostrar gestión y espantar las versiones de guerras internas entre ministros, arcas agotadas y áreas administrativas fuera de control. Reitera su postura de profundizar el modelo iniciado
por Néstor Kirchner en 2003, aunque sin su mentor, con aliados que ya no están y con un panorama económico menos auspicioso la empresa resulta complicada.





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