BUENOS AIRES (Agencias y diarios digitales). El juez federal Claudio Bonadío dictó el procesamiento de los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el marco de la causa por la tragedia ferroviaria de Once del 22 de febrero.Fueron procesados también, pero con prisión preventiva, los hermanos Claudio y Mario Cirigliano, dueños de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), acusados de “descarrilamiento de un tren agravado” por las muertes y por asociación ilícita destinada a disponer para su provecho los fondos públicos recibidos de parte del Estado.Según el fallo de 870 páginas, la tragedia se produjo por la “trilogía siniestra de empresarios, funcionarios y sindicalistas”.Los procesamientos de los ex funcionarios fueron dictados por no haber controlado el modo en que la empresa TBA llevó adelante la explotación del Sarmiento.Si bien el juez procesó a los jefes de la organización con prisión preventiva, algunos de ellos fueron beneficiados por la Cámara Federal con la excarcelación, por lo que seguirán en libertad.A la organización comandada por los Cirigliano le impuso un embargo de 600 millones de pesos, informaron las fuentes consultadas.Por el contrario, el juez sobreseyó al maquinista del tren Marcos Antonio Córdoba.El juez Bonadío consideró que es “imprescindible exponer y desmembrar los diversos factores que incidieron en su producción, los cuales no nacieron espontáneamente aquel fatídico día, sino que, como se verá, existían anteriormente y eran conocidos tanto por los operadores de la línea Sarmiento como por aquellos funcionarios públicos encargados de controlar y ejecutar la política ferroviaria en el ámbito metropolitano y por la dirigencia sindical”.Fueron procesados además Antonio Luna, el ex subsecretario de Transporte Ferroviario, y el ex interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Pedro Ochoa Romero, según indicaron las fuentes. En cambio, su sucesor en el cargo, Eduardo Sícaro, fue sobreseído.Los Cirigliano fueron considerados jefes de asociación ilícita junto a Marcelo Calderón, quien presidió TBA y es director de Cometrans, la empresa controlante, y como integrantes de la asociación el último presidente de la compañía Carlo Michele Ferrari, el abogado encargado de operaciones especiales del Grupo Carlos Alberto Lluch, y los gerentes Sergio Tempone y Jorge Álvarez, indicaron los voceros.Hace pocas semanas el presidente de Cometrans, Claudio Cirigliano, recordó ante la Justicia que a TBA le debían unos 1900 millones de pesos y que ese dinero podría destinarse a un fideicomiso para atender los reclamos económicos de las familias de las víctimas de la Tragedia de Once.“En la política empresarial de Cometrans Sociedad Anónima, TBA Sociedad Anónima y Mario Francisco y Sergio Claudio Cirigliano, claramente se privilegió la maximización del rédito económico para enriquecerse y enriquecer las empresas asociadas con total desprecio por la seguridad de los usuarios”, dice el fallo.





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