POSADAS. Comenzó con un fuerte respaldo tras suceder a Valentín Alsina al frente del Instituto de Previsión Social (IPS). Sin embargo, lejos de las promesas de apertura y diálogo o de ordenar los números para afrontar las deudas sociales que tiene la Provincia con pasivos, prefirió el calor del poder que brinda el entorno clossista antes que el apoyo de los mismos afiliados al ente previsional. La ex diputada Sandra Montiel fue a la comisión de Presupuesto de la Legislatura misionera para repasar su gestión hasta agosto y anticipar en qué destinará los 1.147 millones de pesos que pidió para funcionar en 2013, que en un 88% depende de los aportes de los activos estatales. El 60% será para pago de jubilaciones; el 30,92% para obra social y farmacia; y el 3,55% para la administración central del IPS .Del presupuesto 2012 en ejecución por más de 786 millones, confirmó que se van gastando unos 533 millones.Pero, al ser consultada en reiteradas oportunidades por los diputados no oficialistas sobre deudas a jubilados docentes (se encontraba una representación en el recinto de la comisión, los renovadores pusieron a prueba una defensa algo particular y frágil: contestaban por Montiel eludiendo reclamos o le sugerían no responder. Y quedó al descubierto la falta de manejo político de la presidenta de la comisión de Presupuesto, María Eugenia Safrán, quien permitió preguntas ajenas al presupuesto a sus partidarios y las impidió a los no afines, incluyendo en la ronda de preguntas, en primer lugar, a diputados que no son de la comisión como Dei Castelli; Dieminger o Batista. Algunos númerosComo ya es costumbre, la funcionaria del IPS llegó escoltada por el directorio y los funcionarios responsables de cada área del Instituto, los que colmaron los asientos disponibles en la comisión. En una exposición de una hora, contó que aportan al IPS unos 66.507 trabajadores activos; que se paga jubilación o pensión a 15.305 pasivos; y que se prestan servicios sociales a unos 171.634 misioneros (contabilizando a los afiliados titulares y sus adherentes).Se autoalabó al afirmar que ha tenido dos logros importantes en lo que va de su breve gestión: el “cambio de modelo prestacional” liberando la elección de prestadores y “la salida de la emergencia previsional”, en forma progresiva. Afirmó que “se garantiza accesibilidad a las prestaciones y servicios en Posadas y en el interior a todos los afiliados”, algo discutible por las constantes quejas que se registran especialmente en los municipios más pequeños. En números, dijo que hay 470 médicos de cabecera que atienden a afiliados; 800 médicos especialistas; 70 sanatorios; 400 odontólogos; 90 farmacias; 50 empresas fúnebres, 10 centros de atención a discapacitados; 4 centros de salud mental; y 2 centros de diálisis, entre otros prestadores.Confirmó que desde junio se paga un 20% más a esos prestadores (en agosto se abonaron 7,3 millones de pesos). En el Nivel I de prestaciones se registran unas 47 mil consultas al mes para lo que se pagan 1,5 millones de pesos; y se destinaron 8,8 millones para los niveles II y III para cubrir 15.980 consultas a médicos especialistas; 15.000 prácticas de diagnóstico por imágenes (radiografías, mamografías, tomografías, resonancias magnéticas); 1.600 internaciones o 5.300 días/cama por mes; 120 internaciones en terapia intensiva o 360 días/cama por mes; 1.500 cirugías por mes; 180 nacimientos mensuales (partos y cesáreas). Brindando estadísticas, la funcionaria dijo que “474 afiliados por día realizan análisis en nuestro Laboratorio”; que se realizan unas “20.000 prácticas odontológicas mensuales por unos $ 850.000 mensuales”; “130 derivaciones a centros de mayor complejidad por aproximadamente $ 770.000”; hay “110 pacientes bajo tratamiento de diálisis por $728.000”; unos “400 discapacitados en Centros de Atención para los que se destinan unos $400.000”; “60 internados en Centros de Salud Mental por $320.000”; “afiliados con servicio de Enfermería Domiciliaria por $90.000”; y 10 afiliados con internación domiciliaria (oxigenoterapia, médico, enfermero, kinesiólogo) por 15.000 pesos cada uno”.Montiel anunció un programa de cirugías de cataratas que se extenderá hasta diciembre adelantando las operaciones programadas con un presupuesto aparte.Recordó que los pasivos tuvieron un aumento del 22%, a lo cual el diputado Claudio Wipplinger (partido Trabajo y Progreso) le hizo notar que la inflación medida por privados ya menciona subas acumuladas del 25%, o sea que aún se sigue por debajo de poder absorber los aumentos. Montiel destacó que los retirados de Policía y Servicio Penitenciaron tuvieron un 54% de aumento tras la revuelta.Entre otras cifras, dijo que se jubilan aproximadamente unos 1.500 agentes del Estado al año (hasta la fecha 190 de ellos son docentes). El IPS abona unos 52,4 millones de pesos en las algo más de 15 mil jubilaciones y pensiones. Unos 930 beneficios cobran haberes máximos que permite la emergencia previsional (592 son docentes jubilados; 25 policías retirados; 20 de Vialidad; entre otros).En materia edilicia, destacó el “cambio de la sede central del IPS y del Área Previsional al edificio del Correo; las refacciones en 17 delegaciones; la construcción de un nuevo edificio para el Área de Afiliaciones y Turismo Social”. “Fue toda una pantomima”Alberto Holz, Damián Cura y Enrique Wallantus son docentes jubilados. Estuvieron en la exposición de Montiel. Holz, enojado, contó que “me retiré porque realmente me dio asco lo que se estaba desarrollando. Es toda una pantomima, las preguntas fueron neutralizadas, no hubo ninguna respuesta de fondo, real, a nuestro problema. Con el detalle incluso que sobre la obra social estuvo casi una hora pero al tiempo de la cuestión previsional docente, se desvió totalmente”. Agregó: “Me indigna escuchar aplausos cuando esta señora era evidente que esquivaba la verdad del jubilado docentes a los que les deben el 63% de movilidad. Eso estaba negando. La maestra de grado, jubilada está cobrando 2.057 pesos y debiera estar cobrando 3.400, según la ley que ella (por Montiel) dice cumplir”.Por su parte, Cura opinó que “indudablemente creemos que la funcionaria del IPS vino a cumplir un manejo directo del Ejecutivo en el incumplimiento de leyes vigentes en cuanto al pago de las movilidades. Con el argumento eterno de la Emergencia. Si nosotros vemos que le sobran en el mismo presupuesto 154 millones entonces: ¿dónde va ese dinero? Que por lo menos digan el destino. Si no lo dicen, ya se sabe lo que
tenemos que suponer. Es vergonzoso y es el caradurismo de los funcionarios”.
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